La Corte Suprema confirmó con un argumento burocrático el sobreseimiento a favor del ex ministro de Seguridad bonaerense y actual diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo en una causa en la que estaba acusado por presuntamente haber falsificado firmas de legisladores para beneficiar al fallecido banquero Raúl Moneta e impulsar el juicio político contra un juez.

Ritondo había sido denunciado por el ex camarista penal porteño Alfredo Barbarosch, quien investigaba a Moneta por una supuesta maniobra para quedarse con la empresa de TV por cable Cablevisión, antes de que fuera comprada por el Grupo Clarín.

El ex funcionario fue acusado de haber llevado adelante, en un anterior período como diputado, gestiones ante otros 71 legisladores para que suscribieran un pedido de juicio político contra Barbarosch, pero algunos de los firmantes luego desconocieron sus rúbricas o dijeron que no recordaban haber avalado el petitorio.

El ex ministro bonaerense explicó que impulsó el juicio político, redactó la denuncia y luego hizo “circular” el texto entre diputados de distintos bloques pidiéndoles su acompañamiento. Al declarar en indagatoria,  dijo que dio por sentado que las firmas eran auténticas y negó haber falsificado él las rúbricas desconocidas por los legisladores.

La Justicia le creyó y fue sobreseído en todas las instancias, pero el ex camarista Barbarosch (hoy jubilado) llegó con su reclamo hasta la Corte. En su último acuerdo, el máximo tribunal, por razones formales, desestimó la última apelación: “el recurso de queja, no cumplió con el requisito previsto en el artículo 4° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se desestima la presentación directa”.

Esa normativa establece que “el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a diez páginas de 26 renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12)”. El empresario Moneta fue procesado por extorsión a raíz de una serie de hechos que ocurrieron en 2004 y 2005 y que fueron denunciados por la empresa Cablevisión.