La Corte Suprema de Justicia determinó su presupuesto para 2022 en más de 31.600 millones de pesos, la mayor parte de los cuales estarán destinados a pagar salarios de los más de 4.700 empleados de planta con que cuenta.

El máximo tribunal aprobó en su último acuerdo el cálculo de gastos “a fin de asegurar el cumplimiento de las necesidades” que prevé para el año entrante. El monto total asciende a 31.624.160.151 pesos, de los cuales 24.677.242.516 corresponden al rubro “gastos de personal”. El resto se reparte en “Bienes de consumo, 500.200.100 pesos; Servicios no personales,  1.846.591.786 y Bienes de uso, 4.600.125.749”.

La Acordada 13/2021 estableció como “cargos de planta de personal de la Corte” un total de 4.732 empleados. Los cinco jueces de la Corte consideraron “insuficiente” el techo presupuestario fijado por el Poder Ejecutivo y advirtieron que con ese tope no está garantizado su funcionamiento.

“El Poder Ejecutivo ha comunicado los ‘techos presupuestarios’, los que resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de esta Corte Suprema”, coincidieron Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El cálculo de gastos sólo comprende a la Corte Suprema, pues el resto del Poder Judicial está bajo la administración del Consejo de la Magistratura, que aún no elaboró su presupuesto. Por esa razón, el presupuesto de la Corte aún no fue enviado al Poder Ejecutivo, porque la práctica habitual es que sean remitidos juntos, el del máximo tribunal y el del resto de los juzgados nacionales y federales de todo el país.

La Acordada sostiene, además, que “resulta  necesario incluir la necesidad de financiamiento para la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), en virtud de lo dispuesto por el decreto 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional, ya que la misma funciona con partidas presupuestarias y recursos financieros asignados por el Tesoro Nacional”.

La DAJUDECO funcionaba bajo la órbita de la Procuración General de la Nación y no influía en el presupuesto de la Corte, pero el 24 de diciembre de 2015 y por decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ex presidente Mauricio Macri la transfirió al máximo tribunal.