La Corte Suprema dejó firme la condena por peculado contra el exintendente radical de Formosa entre 1999 y 2003, Gabriel Osvaldo Hernández, por “sustraer caudales cuya administración se le confió en razón de su cargo”. La causa judicial contra Hernández se inició por hechos ocurridos en las últimas horas del Gobierno de Fernando De la Rúa, el 21 de diciembre de 2001.

Ese día, en medio de las protestas sociales masivas que precedieron a la renuncia de De la Rúa, el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente otorgó a una serie de municipalidades un total de 655.000 pesos (equivalentes a dólares, pues regía aún el plan de Convertibilidad) para inversiones determinadas en un plazo máximo de 30 días.

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De ese total, Formosa recibió 80 mil pesos/dólares. El entonces intendente utilizó parte de esos fondos para pagar salarios de la administración pública ante la situación de profunda crisis, pero quedó un remanente de dinero cuyo destino es desconocido.

Hernández fue condenado en primera instancia por la Cámara Segunda en lo Criminal de Formosa a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Tras recorrer toda la vía de las apelaciones, el expediente llegó a la Corte Suprema, que en su último acuerdo y por unanimidad dejó firme la sentencia. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.