La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará la actividad el jueves que viene, fecha para la cual fue citado el ministro de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda a los efectos de que, si así lo considera, informe sobre los cargos formulados en su contra por las irregularidades en el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) que estuvo bajo su supervisión entre el 2008 y el 2021.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, convocó formalmente a los miembros de la comisión para reunirse el próximo jueves 6 de julio a las 11, luego de una semana de receso a raíz del cierre de listas a nivel nacional.

El denunciado podrá comparecer presencialmente ante la comisión o bien hacer su descargo mediante un escrito.

"La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación", aclara el artículo 13 de la comisión.

Para el Frente de Todos, los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social (entre abril de 2008 y octubre de 2021) ya se encuentran debida y ampliamente fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando y consolidando a lo largo de las seis audiencias.

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El testimonio clave fue el del ex administrador general de la Corte Héctor Marchi, quien señaló que durante la gestión del ex director de la obra social Aldo Tonón (puesto allí por Maqueda) no había control de stock de medicamentos, escaseaban balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, habían demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos.

Además habían vacancias de cargos clave, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o falta de actualización de aranceles, la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por licitación, y se registraron pérdidas millonarias por no usar el dinero remanente en plazos fijos.

La convocatoria a la reunión de la comisión también prevé la concurrencia de testigos vinculados al causal "coparticipación", aunque no se detalló quiénes serían.

Sin embargo, se espera la presencia del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, algunos gobernadores del oficialismo, el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez; y distintos fiscales del Estado.

Para una siguiente reunión de comisión se prevé que sean citados por esta misma causa el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.

El conflicto tiene como origen un decreto de enero de 2016, cuando el entonces gobierno de Mauricio Macri elevó la porción de coparticipación federal en favor de la Ciudad llevando la tasa al 3,75%, con la excusa de que ese aumento del 1,4% compensaba el gasto adicional por el traspaso de la Policía.

Luego de tres audiencias en la Corte, en las cuales el Gobierno porteño desechó las ofertas realizadas por Nación, se dictó una medida cautelar que no resolvió la cuestión de fondo y fijó la coparticipación en 2,95%.