La Procuración General porteña realizó hoy una presentación ante la Corte Suprema de Justicia en la que ratificó la postura de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de mantener las clases presenciales en ese distrito y habló de "falta de coordinación" entre el Ministerio de Educación de la Nación y el resto del Gobierno.

La presentación se hizo efectiva en el marco de la disputa entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad en la aulas, tras el decreto del presidente Alberto Fernández que dispuso su suspensión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la cautelar que presentó luego el jefe de Gobierno porteño.

En el escrito, la Procuración a cargo de Gabriel Astarloa recordó "la postura en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241".

De esa manera aludieron a lo que había manifestado el ministro Nicolás Trotta antes del anuncio presidencial, al tiempo que señalaron que en el expediente judicial el Gobierno nacional no presentó informes con la opinión técnica del Ministerio de Educación de la Nación.

"A nuestro entender esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado", expresa el escrito de la Procuración porteña.

Además, el organismo indicó que el Gobierno nacional "presenta datos a nivel mundial, del país y del AMBA, pero en ningún caso presenta información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que torna a dichos informes en insuficientes" para tomar la decisión de suspender la presencialidad.

En este sentido, la Ciudad insistió en que las clases presenciales no generaron un aumento de casos y ni tampoco en el uso del transporte público y afirmó que hasta el 22 de abril pasado en la Ciudad de Buenos Aires hubo 9.008 casos acumulados en el sistema público y privado de educación y el porcentaje de positividad por contacto fue del 0,012.

Para la Procuración, "esta circunstancia sumada a que la ocupación de camas en el sector público del sistema de salud con casos graves no superó hasta la fecha del DNU N° 241/PEN/2021 el 45% de ocupación, sustentan la necesidad de sostener la presencialidad en forma conjunta con el monitoreo estricto de los indicadores epidemiológicos".

Ahora la Corte Suprema espera la respuesta de la Procuración General de la Nación para avanzar con el expediente, dado que tiene que resolver el caso a más tardar este viernes, según los plazos dispuestos.

La resolución del máximo tribunal coincidirá con el vencimiento del último decreto de Fernández y también con el eventual anuncio de nuevas medidas ante la segunda ola de coronavirus.