Por Santiago Roberto.

La necesidad de crear una Oficina Anticorrupción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se funda en un capricho político, sino en el requerimiento indispensable de contar con un organismo que regule el comportamiento de las y los funcionarios, empleados y empleadas de la administración pública, proveedores del estado y asociaciones que reciben fondos públicos, para garantizar la transparencia, cuidar nuestros recursos y, principalmente, prevenir e investigar hechos de corrupción.

Una de las aspiraciones del gobierno que comanda Horacio Rodríguez Larreta es la de posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una de las principales capitales del mundo, pero a mi criterio este objetivo está muy lejos de lograrse. Me animo a decir esto porque si bien posee recursos como muchas capitales europeas, el servicio para atender las principales problemáticas que afectan a la mayoría de las y los vecinos, como ser mejorar la salud, la educación y la vivienda está a kilómetros de parecerse.

Además, se caracterizan por el desinterés en generar propuestas y acciones para mejorar la calidad institucional y transparente de la gestión, así como también en tomar decisiones gubernamentales para combatir la impunidad al interior de los poderes del estado, tal como marca la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, vigente desde el 2006.

Me refiero puntualmente a este tema porque es la segunda vez que presento un proyecto para crear una Oficina Anticorrupción. La primera vez, allá por el 2018, no tuvo tratamiento legislativo por decisión del PRO y ahora intentan licuar el espíritu de la iniciativa con un proyecto del bloque oficialista que elimina las facultades investigativas y de querella, a la vez que proponen que el funcionario a cargo del organismo pueda ser nombrado y removido por la máxima autoridad del poder Ejecutivo, condicionando -de hecho- el accionar del funcionario que debería investigarlo.

En nuestro país son muy pocas las provincias que cuentan con organismos que luchen contra la corrupción. Entre ellas podemos nombrar a la Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos y Chubut. Mientras que el macrismo gobierna la Ciudad hace 13 años y seguimos sin contar con una Oficina Anticorrupción cuando las y los porteños merecemos y necesitamos tener un ente que garantice transparencia y cuide el interés público.

Uno de los requisitos de nuestro proyecto establece que la persona a cargo de la Oficina tenga título de abogado y pueda mostrar idoneidad y antecedentes que aseguren el cumplimiento de los objetivos del ente. Señalamos esta diferencia porque cabe recordar que una de las primeras políticas que determinó el gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió como presidente, fue la de modificar la ley nacional 25.233 por decreto para que Laura Alonso pudiera asumir el cargo, aunque no cumplía con los requisitos exigidos en la misma.

Además, nuestra propuesta, prevé que la oficina deberá ser conducida por un Secretario/a de Transparencia y Anticorrupción, designado o designada por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta del bloque opositor con mayor representación numérica en el Cuerpo. De esa manera equilibramos políticamente la composición del organismo para que no haya mayoría oficialista que entorpezca el avance de las investigaciones, como sucede, por ejemplo, en la Auditoría General de la Ciudad, donde hay mayoría del oficialismo e intentan dilatar el desarrollo de las auditorías propuestas por la oposición.

Nuestra ciudad tiene los recursos necesarios para solventar la creación de una Oficina Anticorrupción que cuente con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera. Sólo debe tomar la decisión política de reorientar fondos, de evitar gastos innecesarios y destinar esos recursos a la creación de una Oficina que prevenga e investigue hechos de corrupción en la administración pública. Una deuda real con la ciudadanía que nosotros queremos saldar.

Por Santiago Roberto, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.