La Ciudad advirtió este sábado que no se va a "resignar" a "poder volver a la presencialidad" de las clases, ante lo cual reclamó una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

"No vamos a resignarnos a poder volver a la presencialidad. Sigo insistiendo en la necesidad de juntarme con Trotta", sostuvo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, la funcionaria de la Ciudad remarcó que van a "seguir peleando por la vía institucional" para que la Nación dé marcha atrás y deje de lado la suspensión de las clases presenciales a partir del lunes.

"El daño que significa tomar una decisión de estas características parece no estar evaluado por el Presidente (Alberto Fernández). Está claro que la decisión no la tomó Trotta", manifestó la dirigente del PRO, quien destacó que tras las medidas restrictivas adoptadas por la Casa Rosada "en la Justicia local se han presentado infinidad de amparos por parte de familias y escuelas que apuntan a proteger el derecho de los niños a recibir educación".

Al analizar la situación epidemiológica actual y el impacto en el sistema educativo, Acuña señaló que la suspensión de la presencialidad no es el único camino y señaló que "hay escenarios posibles para presentar, con los datos necesarios".

Al ser consultada sobre la posibilidad de que haya instituciones educativas que no acaten la medida y decidan abrir sus puertas el próximo lunes, la ministra porteña manifestó: "Tenemos que respetar las leyes; no podemos enseñarles a los estudiantes que las leyes que no nos gustan, no las cumplimos".

Y añadió: "Igual, no me imagino a la Policía yendo a sacar a los niños y docentes de la escuela".

Con el objetivo de que se mantenga la presencialidad en la educación, el Gobierno porteño presentó el pasado viernes una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia para que frene la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/21.

Al respecto, la Ciudad consideró que las restricciones impuestas por la Nación implican "una virtual intervención federal", ya que afirma que la Casa Rosada "se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación".