El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió una “amplia certificación” de una causa que tiene a su cargo la jueza Sandra Arroyo Salgado sobre las visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante las restricciones impuestas por la pandemia, para determinar quién deberá investigar esos hechos. La medida parece ser el paso previo a un nuevo planteo de competencia, en este caso no ya entre la Capital Federal y la Justicia de San Isidro sino entre los jueces Lino Mirabelli y Arroyo Salgado.

El fiscal Domínguez evaluó que aquella denuncia que tenía inicialmente Arroyo Salgado y todas las demás que heredó después de que el juez federal porteño Sebastián Casanello se declarara incompetente por “territorialidad” serían cuestiones “repetidas”.

“Impresionando como una denuncia repetida respecto de la causa de trámite ante el juzgado en lo criminal y Correccional Federal n° 1 de San Isidro, habré de propiciar que a fin de evitar cualquier tipo de ulterioridad y/o de suspicacia vinculada con la asignación de un legajo de tamaña envergadura a uno o a otro juzgado federal de la circunscripción se practique una amplia compulsa de la causa”, propuso el fiscal.

Para ello, recordó que su colega de San Isidro Federico Iuspa pidió datos sobre las causas cuando las tenía a su cargo Casanello, ante la posibilidad de que pudieran tratarse de los mismos hechos que se estaban investigando en dos juzgados diferentes.

La “amplia certificación” para determinar si se trata de denuncias repetidas es “una circunstancia que no consta en los decisorios”, advirtió el fiscal Domínguez. “Para evitar un ‘bis in ídem’ (doble juzgamiento, ndr) ilegítimo, previo a todo otro trámite deberá determinarse qué juzgado de San Isidro deberá intervenir en la pesquisa”, postuló el fiscal.

De tal forma, la causa por el denominado “Olivos Gate” nuevamente aparece envuelta en una cuestión de competencia que, en los hechos, causa que todavía no haya un juzgado que definitivamente esté a cargo de la investigación.