La Casación porteña decide si la desaparición del policía Arshak Karhanyan pasa a Comodoro Py
Los jueces Gustavo Bruzzone, Horacio Días y Daniel Morín dieron 72 horas de plazo a las partes para que expliquen por qué creen que la causa debe ser caratulada como "desaparición forzada".
La Sala Uno de la Cámara de Casación porteña resolverá el pedido de la familia del Policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, cuyo paradero se desconoce desde hace dos años, para que el caso sea caratulado como “desaparición forzada de persona” y pase al fuero federal.
El tribunal aceptó tratar una apelación de la madre del policía desaparecido, Vardush “Rosita” Danytian, contra el rechazo del juez de instrucción Alberto Baños para enviar el expediente a la justicia federal.
Los encargados de analizar el planteo serán los jueces Gustavo Bruzzone, Horacio Días y Daniel Morín, según una resolución del máximo tribunal penal de la Capital Federal emitida hoy.
El tribunal, además, emplazó por tres días a las partes para que presenten sus argumentos a favor y en contra del pase del expediente a Comodoro Py 2002.
“Se pone en conocimiento de las partes que se concede un plazo de 72 horas, desde notificada la presente, para la presentación de un memorial (escrito o en formato de audio /audio y video)”, sostiene la resolución.
Aun cuando esos memoriales no sean presentados, el tribunal aclaró que “el caso no se decretará desierto y pasará a estudio para su resolución”.
La madre de Karhanyan, amigos y compañeros de estudios del joven en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), reclamaron también públicamente, mediante un acto en el Palacio de Tribunales, el cambio de tratamiento de la causa.
El policía de la Ciudad fue visto por última vez el domingo 24 de febrero de 2019, cuando tras conversar durante 20 minutos con otro uniformado en la puerta de su casa fue hasta un supermercado de la construcción, compró una pala y salió con rumbo desconocido.
Desde ese día permanece desaparecido.
Karhanyan trabajó en el área de Cibercrimen de la Policía local (que intervino en el primer tramo de la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman) y también participó de un operativo vinculado con una trágica picada en pleno centro porteño que involucró a un empresario contratista de servicios públicos en la Ciudad.
La investigación estuvo plagada de dificultades, pérdida y borrado de pruebas de computadoras, cámaras de seguridad y teléfonos celulares, y aún hoy está caratulada como “averiguación de paradero”.