En diciembre de 2019, el ex Canciller Felipe Sola le sugirió a Stella Lugo que regresara a su tierra. La dirigente chavista de extrema confianza de Nicolás Maduro había llegado para poner a prueba a las nuevas autoridades del Frente de Todos.

A sabiendas que contaba con la aprobación del kirchnerismo, la diplomacia bolivariana, confirmó lo que sospechaba. Los otros socios de la coalición gobernante, incluido el presidente Alberto Fernández, preferían una figura menos emblemática de la autocracia caribeña y esperaron en vano que los dirigentes del Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela, enviaran a Buenos Aires a un representante con un perfil más bajo.

Desde entonces, Stella Lugo se hizo cargo de la oficina de negocios de la embajada venezolana en el país mientras aguardó la oportunidad política de la Argentina para que el Presidente le acepte las cartas credenciales. Hecho que ocurrió en la tarde del lunes 29 de agosto y que pasó casi inadvertido entre otros 18 embajadores que esperaban el plácet de la administración de Fernández.

Vestida de blanco, en el Salón Blanco de Casa Rosada, la dirigente chavista casi tropieza al dirigirse al encuentro del primer mandatario argentino que la esperaba en el estrado junto al Canciller, Santiago Cafiero. Allí entregó, finalmente, las cartas credenciales, el documento con el que un Jefe de Estado le comunica al de otro país el nombre del nuevo embajador designado.

El tiempo transcurrido desde la llegada de Lugo a la Argentina y el acto de recepción de cartas credenciales, que en el mundo de la diplomacia no es menor porque se considera que el nuevo embajador asume sus funciones desde que presenta las misivas al gobierno del país receptor, refleja las dudas de los dirigentes cercanos a Alberto Fernández de aceptar una referente fiel a Maduro al extremo de haber conducido milicias populares armadas en la Venezuela de hoy.

Sin embargo, las extrañas circunstancias políticas que se viven hacia el interior del gobierno del Frente de Todos sumado a la presión extrema que está realizando el gobierno bolivariano de Maduro en torno de la causa del avión venezolano-iraní y su tripulación que se investiga en la Justicia Federal, parecen haber acelerado los tiempos para un plácet oficial, beneplácito o permiso que se concede a alguien para aprobar el nombramiento de un representante extranjero, y que enseñaría un nuevo avance de las posiciones kirchneristas en materia de relaciones exteriores.

Stella Lugo una militante bolivariana de la primera hora

No es, solamente, una de las principales referentes del régimen de Maduro. Stella Lugo de 56 años, es una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que se ha alternado la gobernación del estado de Falcón en los últimos años con su esposo, Jesús Montilla Aponte.

Montilla Aponte fue gobernador de Falcón por dos periodos consecutivos desde el 2000 hasta el 2008. Mientras que Stella Lugo lo fue entre el 2008 y el 2017.

Hasta antes de su destino en Buenos Aires, Lugo era jefa de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, que administra los archipiélagos de La Orchila, Las Aves y Los Roques.

Precisamente en ese destino insular se difundieron denuncias contra Lugo por posibles conexiones con el crimen organizado

Un portal publicó en 2019, las acusaciones de  José Luis Pirela, presidente de la subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, quien denunció que un grupo de delincuencia organizada opera desde Los Roques, un parque nacional y destino turístico situado frente a las costas del estado venezolano de Vargas. El grupo usa los islotes en su mayoría deshabitados para el trasiego de narcóticos y oro hacia países del Caribe, principalmente a Bonaire.

El informe que fue presentado ante la Asamblea Nacional (AN) explica que "parte de la banda está formada por Carlos Betancourt y Noel Lugo, a quienes identificó como primo y hermano de Stella Lugo Betancourt”. 

Estas acusaciones de contrabando, narcotráfico, lavado de activos, que ya habían sido puesto a consideración de  la opinión pública en septiembre de 2019 cuando la Sociedad Venezolana Ecológica (SVE) denunció al gobierno de Nicolás Maduro por la entrega de concesiones ilegales para proyectos de infraestructura en archipiélago, se realizaron en una Asamblea Nacional que ha sido opacada por la Asamblea Constituyente promovida por Maduro y que no ha sido reconocida por numerosos países occidentales que defienden los valores democráticos en la región y que ha tenido, en la figura de Jesús Montilla, uno de sus principales animadores además de haber sido acusado por miembros cercanos a Juan Guaido, presidente encargado de Venezuela y titular de la Asamblea Nacional, como uno de los que dirigió un asalto violento contra el Parlamento que terminó con un saldo de numerosos diputados de la oposición heridos.

Stella Lugo Betancourt una de las lobistas principales de los iraníes en la región

Ahora bien, su actuación más interesante en el ejecutivo de la administración de Nicolás Maduro, sucedió cuando dirigió el ministerio de Turismo venezolano y en el año 2019 fue la promotora de los contratos con Mahan Air que hoy están bajo el foco de la atención pública.

El Boeing 747-400 de Emtrasur, que se encuentra retenido en un hangar en Ezeiza, a pesar de las gestiones de la influyente ex encargada de negocios de la embajada venezolana en Buenos Aires, Stella Lugo Betancourt, había pertenecido, por más de 15 años, a la firma Mahan Air que según la documentación de la causa que investiga el juez Federico Villena, continuaría siendo la dueña de la aeronave a pesar de estar operada por la tercerizada Emtrasur, a nombre del  Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos SA (CONVIASA).

El problema con Mahan Air es que desde el 2011 se encuentra en una blacklist (lista negra) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar vinculada a los grupos de elite de la Guardia Revolucionaria Iraní, Fuerza Quds, acusada de actividades terroristas fuera de las fronteras persas. Mahan Air está acusada de proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para las Fuerzas Al Quds, de la Guardia Revolucionaria Iraní, y por transportar armas y personal para Hezbollah.

A pesar de la alerta roja del gobierno estadounidense sobre los activos de Mahan Air, en abril de 2019, Stella Lugo viajó a China para participar en la Feria Mundial de Viajes de Shanghai, donde impulsó un pacto con la dirigencia de la compañía aérea.

En declaraciones al canal oficialista venezolano VTV, la entonces ministra de turismo explicó: “ En el primer día de la Feria Mundial de Viajes de Shanghai sostuvimos importantes reuniones, entre ellas, con representantes de la aerolínea iraní Mahan Air con quien estamos en conversaciones para establecer una alianza comercial que permita el intercambio de turistas entre Irán y Venezuela. Una operadora de vuelos quiere venir a Venezuela, quiere hacer la ruta China-Teherán y Teherán-Venezuela. Están interesados en concretar esa ruta porque además nosotros tenemos que ampliar la conectividad con nuestro país para poder hacer los intercambios”.

Fuentes de la investigación judicial del expediente por el avión venezolano-iraní, explicaron a NA que “existe la sospecha que la actual embajadora, habría advertido a los pilotos iraníes señalados de pertenecer a la Fuerza Quds, “salgan de Buenos Aires cuanto antes porque los pueden retener” pero sus ruegos no llegaron a tiempo.

Será difícil para el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, contar con la colaboración de Stella Lugo Betancourt en Tribunales. Desde el lunes 29 de agosto su inmunidad diplomática quedó totalmente reafirmada.