La Cámara Nacional Electoral confirmó el fallo que le prohibió al Gobierno entregar en 2021, previo a las PASO, cinco mil pesos a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que sólo podían ser utilizados para acontecimientos artísticos y culturales.

La Cámara ratificó un fallo de la jueza María Servini, quien había considerado que ese programa, denominado “Más cultura joven”, era en realidad una herramienta que pretendía utilizar el Gobierno para captar el voto joven.

El fallo advierte que nunca antes se había implementado un plan de esa naturaleza, lo que –en los hechos- obró como una descalificación para la iniciativa del gobierno.

“No puede pasarse por alto que se trataría de la primera ocasión en que se determinaba un programa de estas características y dirigido a ese determinado grupo”, subrayó la decisión.

El programa fue anunciado dos semanas antes de las PASO y fue suspendido en ese contexto, en el que el Gobierno buscaba reactivar la industria cultural, severamente afectada por las restricciones impuestas por la pandemia.

Los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas ratificaron el fallo de Servini pese a que el contexto electoral ya pasó, por lo que técnicamente se trataba de una causa “abstracta”.

Incluso la vigencia prevista para el programa está superada en el tiempo, ya que esos cinco mil pesos –que no llegaron a distribuirse- podían ser utilizados entre noviembre de 2021 y abril de 2022.

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Sin embargo, la Cámara se pronunció sobre aquella situación y, como una suerte de prevención a futuro, sostuvo que en los procesos electorales el Estado debe garantizar una situación de “equidad” entre las fuerzas que compiten.

La ley establece que los gobiernos no pueden formular anuncios sobre su gestión ni implementar medidas que puedan ser interpretadas como una herramienta electoral, en un período previo a los comicios.

El fallo advierte que la utilización de las herramientas del Estado le asigna al oficialismo una condición de “ventaja” sobre el resto de las fuerzas en competencia.

Además, reivindica “la igualdad de los competidores, la limpieza y transparencia del proceso electoral y la neutralidad de los poderes públicos”.