La investigación sobre las presuntas conductas delictivas del falso abogado Marcelo D’Alessio pasó a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, después de un largo tironeo que impulsó desde el inicio de la causa, entre otros, el fiscal Carlos Stornelli.

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un reiterado planteo de incompentencia y le quitó el expediente al juzgado federal de Dolores, que primero con el juez Alejo Ramos Padilla y ahora con el subrogante Martín Bava la llevó adelante durante casi tres años.

La Casación había mantenido en oportunidades anteriores la competencia de Dolores, pero finalmente resolvió hoy, con las firmas de los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo Riggi, asignársela a un juzgado de primera instancia de Comodoro Py, que debe ser designado por sorteo.

El fallo también declaró "inadmisible" el recurso de Carlos Stornelli contra los dos casos en los que está procesado -lo que en los hechos significaría que está más cerca del juicio oral- pero el juez Riggi propuso que el nuevo juzgado que quede a cargo de la investigación revise la situación del fiscal.

“Atento al cambio sustancial que en la imputación ha realizado la Cámara a quo, respecto de los dos hechos puntuales por los que Stornelli quedara procesado, resultaría prudente que la nueva jurisdicción que hemos entendido competente, reformule esas dos concretas intimaciones”, impulsó.

Stornelli está procesado por los casos “Ubeira” (una supuesta maniobra para perjudicar al abogado José Ubeira, quien defiende a acusados en la Causa Cuadernos) y “Castañon Distefano” (un presunto procedimiento irregular en perjuicio de Cristian Castañon, ex marido de la actual esposa del fiscal).

Riggi propuso que ambos casos sean “analizados nuevamente, de modo tal de asegurar la vigencia del principio de congruencia, la eventual relevancia jurídico penal de los hechos, el respeto al derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal”.

En cuanto a la competencia de los juzgados federales porteños, el fallo sostiene que “si bien en casos complejos como el presente -donde inclusive se ha advertido cierta vaguedad e indeterminación del objeto procesal-, resulta razonable que las maniobras eventualmente ilícitas se produzcan en diferentes jurisdicciones; la realidad es que la mayor parte de los sucesos investigados se habrían cometido en Capital Federal”, dijeron los jueces.

“Este es entonces el ámbito donde deberán continuar radicadas las actuaciones de acuerdo a cuestiones de economía procesal e, incluso, para satisfacer la mejor defensa de los imputados”, añadieron.

La resolución, de 78 páginas, reafirmó que los fiscales ante la Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Petiggiani, y ante la Casación, Raúl Pleé, también habían opinado que la causa debía pasar a los tribunales federales de Retiro.

“Desde antaño se ha sostenido que el ministerio público fiscal es parte esencial y necesaria en todo lo relativo a la competencia”, se apoyaron los camaristas.

El fallo –según explicaron- fue adoptado “en miras de una mejor y más pronta administración de justicia, y ponderando que la mayoría de las imputaciones habrían acaecido inequívocamente en el ámbito capitalino”.