La Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales salió a repudiar los dichos del Gobierno Venezolano en contra del juez argentino que decidió decomisar el avión comandado por iraníes y propiedad de aquel Estado que aterrizó en nuestro país y quedó envuelto en una investigación por supuesta actividad terrorista.

El decomiso lo realizó el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de la investigación contra los iraníes y un grupo de venezolanos. 

El avión Boeing 747-300 registrado con el número YV3531 de la empresa venezolana Emtyrasur aterrizó en junio del 2022 en Ezeiza. Era comandadp por iraníes y también había ciudadanos venezolanos, y por ello se abrió una investigación por supuesta actividad terrorista en Argentina. 

En el marco de la investigación, un Tribunal de Columbia en los Estados Unidos solicitó el decomiso de la aeronave la cual estaba confiscada en el Aeropuerto de Ezeiza. Ante el pedido, la fiscal Cecilia Incardona dio lugar a lo solicitado.

“Entiendo que la petición es formalmente procedente, en tanto reúne los requisitos legales de admisibilidad que establece el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional entre Argentina y Estados Unidos”, concluyó la fiscal la semana pasada.

El juez Villena finalmente lo decomisó y despertó la reacción del Gobierno Venezolano. 

El canciller de ese país Yvan Gil fue uno de los voceros a través de las redes sociales: “La República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena de manera categórica la decisión, a todas luces, servil a intereses imperiales, tomada por el juez federal argentino Federico Villena, que intenta consumar el robo de la aeronave venezolana perteneciente a la compañía Transporte Cargo del Sur (EMTRASUR), secuestrada desde el mes de junio de 2022 en la República Argentina”.

Ante esas declaraciones, es que la entidad que agrupa a los jueces  y que preside Andrés Basso dijo a través de un comunicado que “repudia” esas declaraciones de funcionarios venezolanos en contra del magistrado Villena.

“Se dirigen a horadar la labor de los magistrados y magistradas del Poder Judicial y los Ministerios Públicos que actúan -por imperio legal- en el marco de su competencia funcional”, resumieron.