El gobierno a cargo del presidente Alberto Fernández optó por abstenerse en la votación que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela, bajo la gestión de su par Nicolás Maduro. A pesar de la falta de apoyo de la Argentina, el proyecto de resolución fue aprobado con el respaldo de 19 países contra 5 que votaron en contra y 23 abstenciones.

Por tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años la Misión para investiga y supervisar la situación en país gobernador por el régimen chavista.

"La Argentina ha decidido abstener en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los ddhh del pueblo venezolano", argumentó el ministro Sebastián Rosales durante su intervención. 

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En la misma línea, aclaró: "La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible".

Durante el debate en Ginebra, América Latina se mostró dividida: tanto Brasil como Paraguay apoyaron la prórroga, y Bolivia, Cuba y Venezuela rechazaron su continuidad y la Argentina junto con México se abstuvieron.

A su parte, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón votaron en favor de la comisión investigadora, China y Eritrea denegaron su apoyo. 

En otro pasaje de su exposición, Rosales planteó: "Desde un inicio mi país ha apoyado el diagnóstico y trabajo realizado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país que indican claramente que existen desafíos para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en Venezuela; pero que también es el diálogo y la cooperación con todos los actores del gobierno y de la sociedad civil venezolanas, el único camino para lograr que estos desafíos sean enfrentados adecuadamente y que el estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones internacionales".

Asimismo, subrayó que fue "el diálogo y la cooperación" lo que permitió "registrar el mejoramiento de las condiciones de detención y la reanudación de las visitas de familiares, la disolución oficial de las FAES y la autorización para establecer una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Caracas".

Por último, Rosales indicó que espera que el gobierno venezolano "permita que el trabajo de la FFM pueda incorporarse como mecanismo de investigación de la propia oficina del Alto Comisionado", y concluyó: "Si los informes de la misión fueran el resultado de investigaciones realizadas con la anuencia del gobierno venezolano, sus conclusiones tendrían más posibilidades de producir cambios y efectos concretos en el mejoramiento de los ddhh del pueblo venezolano".