La Argentina mafiosa contra la República

Por Darío Lopérfido | Especial para Noticias Argentinas

La cuarentena social y obligatoria fue anunciada el día 19 de marzo a través del Decreto 297/2020. A pesar de que posteriormente por medio de un nuevo decreto de necesidad y urgencia, para ser más precisos el DNU 355/2020, la misma fue nuevamente ampliada hasta el día 26 de abril, hasta la fecha aún no tenemos certeza alguna de cuando será realmente levantada, o al menos, cuando podría haber una flexibilización real de la mismo

Cabe resaltar que el anuncio y la aplicación de esta medida fue establecida bajo escenarios diferentes. En un primer momento, se decretó la suspensión de toda actividad no considerada esencial para el criterio (aún poco claro) del poder ejecutivo hasta el día 31 de marzo. Posteriormente y debido al aumento de casos de COVID-19 y a los pocos recursos médicos con los que cuenta nuestro sistema sanitario para hacerle frente, esta medida se prolongó hasta el dia 13 de abril. La última bajada oficial nos prometió una fecha máxima de confinamiento hasta el 23 de abril, pero los rumores de una nueva prolongación ya hacen eco en la sociedad. Sin embargo, ¿puede el gobierno jactarse de este protocolo de acción? No.

La política implementada por el actual gobierno supone no solo una vulneración de las libertades individuales reconocidas a los ciudadanos, sino también de los principios sobre los que se asienta el Estado Republicano en pos de una verdadera centralización de poderes por parte del Poder Ejecutivo de turno. El cuidado de la salud es la prioridad. Los pocos tests, el deficiente sistema de salud, el poco cuidado a los profesionales de la salud, mientras el estado argentino sigue gastando dinerales en cosas inútiles es uno de los ejes del problema. El esperpento de los "médicos cubanos" muestra la estupidez ideologizada en medio de una crisis.

La priorización de la salud frente a la economía que propone el presidente Fernández es una dicotomía falsa, ya que no existe respuesta a la pregunta de cómo se justifica la limitación de las libertades económicas y sociales para salvar la vida de aquellas personas que "no comen si no trabajan", o para poner un ejemplo más claro, ¿cómo el Estado le pide a un monotributista que se quede en su casa si en su casa no tiene comida? En este aspecto, es clave entender que la economía no es más que la representación monetaria de la vida y atentar contra esta, de cualquier forma, es atentar contra las necesidades básicas de los ciudadanos.

Las medidas que tomen los gobiernos para hacer frente a esta pandemia deben ser transparentes, coherentes y deben estar sujetas a la supervisión de los otros poderes. Esto será lo único que podrá asegurarnos que las democracias actuales no se conviertan en verdaderas monarquías absolutistas como empieza a evidenciarse en algunos lugares del mundo, incluso en nuestro país. Que el Congreso no funcione y la justicia esté de feria habla a las claras de que se busca gobernar sin controles para instalar la impunidad. La indigencia intelectual de buena parte de la clase política argentina usa un virus para llevarse por delante a la República.

En este sentido resulta fundamental recordar que el aislamiento social obligatorio no es una medida implementada para las instituciones, sobre todo aquellas que aseguran el normal funcionamiento del Estado democrático. Entonces, ¿cómo puede justificarse que para el presidente una ferretería brinde un servicio esencial y no lo hagan el Congreso de la Nación o el Poder Judicial?

Frente a esto, y dejando de lado la retórica Kirchnerista, podemos usar de forma eficiente el tiempo extra que nos concedió el COVID-19 y aprender de aquellos países que optaron por otras medidas que no ponen en riesgo las libertades individuales de sus ciudadanos ni destruyen su economía local.

En otros países del mundo, con cifras poco alarmantes, se está comenzando a evidenciar una tendencia que se aleja del "Modelo Chino" y que propone el levantamiento lento y progresivo del confinamiento social obligatorio. Dinamarca, Noruega, Australia, Taiwán, Nueva Zelanda y Alemania son algunos ejemplos que han implementado soluciones alternativas sin poner en riesgo sus economías y sin tomar medidas especialmente discriminatorias en contra de la población mayor de 65 años.

Recordemos que abrazar y romantizar el concepto de cuarentena en un país cuya economía se encuentra en un 40% compuesta por trabajadores en situación de informalidad, es algo sumamente dañino para la misma. Los dichos de Alberto Fernández demuestran claramente lo que quiero decir: "Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina".

Ahora bien, ¿qué implica un 10% más de pobres? En un primer momento, debemos entender que en estas estadísticas, cada punto porcentual representa a 400.000 personas que pasarían a vivir bajo el umbral de pobreza. Si nos damos el margen para actuar esperando un aumento del 10%, eso implicaría que podemos permitirnos 4.000.000 de nuevos pobres.

Del 40% de personas que trabajan "en negro", 1.214.000 personas trabajan como personal doméstico, 701.000 en comercios, 577.000 en el sector agro, 518.000 en construcción y 516.000 en la industria. Cuando termine la cuarentena, muy posiblemente, la gran mayoría de estos trabajos se pierdan, ya que serán los sectores más dañados económicamente.

Es importante tener en cuenta que por cada semana que pasa paralizada la economía, se pierden U$S3.500 MILLONES. Entonces, para el final del primer mes de cuarentena obligatoria, Argentina habrá perdido U$S14.000 MILLONES. Es decir, $1.400.000.000.000 con un dólar por ahora a $100, sin olvidar que todo esto tiene lugar en un contexto macroeconómico de crisis y default.

La cuarentena social obligatoria, en primera instancia, se presentó como la única manera de hacerle frente al COVID 19. Sin embargo, dado nuestro contexto actual, los problemas que la situación económica presenta en nuestra sociedad, tienen la misma magnitud que la emergencia pandémica.

Según datos oficiales, el Ministerio de Desarrollo Social asistía con alimentos hasta febrero de este año a 8 millones de personas, hoy están atendiendo a 11 millones, un 40% más. Resulta casi aterrador pensar en la ola de recesión económica que vendrá luego de la cuarentena, y aún más, si esta se sigue extendiendo.

Cuidar a nuestros ciudadanos es de vital importancia. Pero exponerlos a pasar hambre encerrados en sus casas, como ocurre en algunos asentamientos del conurbano como la Villa 1-11-14 o Villa Fiorito, no es la solución.

Mientras esto sucede, el kirchnerismo aprovecha para sacar de la cárcel a Ricardo Jaime y a Amado Boudou. Que la secretaría de derechos humanos haya presentado el pedido de liberación de Jaime muestra el valor simbólico que tiene para el gobierno los derechos humanos: la impunidad de los corruptos. Los k llegaron al gobierno para hacer negocios, garantizarse la impunidad y ocupar poder. Eso es lo que están haciendo y no hay ningún afán de modificar esos planes aunque exista una crisis sanitaria.

El tema de los sobreprecios en insumos durante la cuarentena, que ha implicado por igual al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad, muestra que, aun en la emergencia, la política argentina muestra su peor cara. El estado argentino elefantiásico no sirve para satisfacer a los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos, pero es el refugio de todo tipo de gente de dudosa moral que hace negocios aun en tiempos de crisis.

La realidad nos exige dejar de lado la disyuntiva de Economía vs. Salud, y avanzar hacia un pensamiento que nos lleve a construir en base a estos dos pilares sociales que se encuentran gravemente afectados por igual. A mi criterio, esta será la única manera de la que podremos salir victoriosos en la lucha contra esta pandemia. lo que está en juego es muy importante. La argentina mafiosa contra la República.