El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reflotó la disputa por la coparticipación y aseguró que no dejará que la Corte Suprema de Justicia le saque "un peso" a su administración "a través de maniobras ilegales".

Para Kicillof, "no tiene lógica quitarle recursos a las provincias" y apuntó contra los supuestos chats filtrados que involucran al ex ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, cercano al presidente del tribunal supremo, Horacio Rosatti.

"No es un problema de la ciudad con la provincia de Buenos Aires que, por chats, decidió que le saquen recursos a todas las provincias para dársela a la jurisdicción más rica de país", sostuvo el economista con fuertes lazos con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Estamos hoy ante una maniobra donde de la Corte Suprema de la Nación, con un fallo repelente, pretende sacarle recursos a las provincias de toda la Argentina para favorecer a una jurisdicción, que es una ciudad y la más rica del país", indicó el mandatario provincial.

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En la misma línea, siguió: "No vamos a dejar que nos saquen un peso a través de maniobras ilegales. Le pido a la oposición que defienda los recursos de la Provincia". Al comienzo de su presentación, Kicillof argumentó en favor del territorio bonaerense al señalar que fue perjudicado en "términos de distribución de recursos" más allá de quién" gobernó.

Las declaraciones del ex ministro de Economía fueron en el acto de presentación del programa “Municipios a la Obra”, que destinará $45.500 millones para la ejecución de 223 proyectos en los 135 distritos bonaerenses, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata.

Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; y de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.

El conflicto

En diciembre pasado, la Corte dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la Ciudad contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020 para asignárselo a la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal, por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables. La medida cautelar obliga al Estado Nacional a devolver ese dinero, que –no obstante— no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento.

La medida motorizó el impulso de juicio político a los integrantes de la Corte por parte del presidente Alberto Fernández y que contó con el apoyo de gobernadores aliados.