Justicia Legítima impulsa una investigación y la restitución al cargo del ex camarista Eduardo Freiler
Cuestiona la forma en que el Consejo de la Magistratura alcanzó la mayoría especial para suspenderlo y enviarlo a juicio político. Simultáneamente, funcionarios judiciales y abogados salieron a recoger firmas para apoyar su retorno a la Cámara Federal.
La agrupación judicial Justicia Legítima reclamó “una profunda investigación” sobre la forma en que fue suspendido y luego destituido el ex camarista federal Eduardo Freiler durante el gobierno de Cambiemos e insinuó que, de comprobarse las “graves irregularidades”, el magistrado debería ser restituido a su cargo.
Mediante un documento publicado en redes sociales y distribuido entre jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial, la organización destacó la necesidad de “determinar la existencia de graves irregularidades en el proceso que culminara con la destitución del camarista”.
“La medida cuya revisión propiciamos se enmarca en el accionar llevado a cabo durante la gestión gubernamental precedente, que incluyó múltiples acciones que afectaron la independencia del sistema de Administración de Justicia”, añade la nota.
El pronunciamiento de Justicia Legítima (a la que desde la oposición le asignan una ideología kirchnerista) se produce en simultáneo con una “acción de lesividad” presentada por el propio Freiler ante el Consejo de la Magistratura.
Ese planteo procura, también, revertir la destitución del camarista y, entretanto, suspender el avance del concurso para ocupar dos vacantes en la Cámara Federal porteña, una de ellas ocupada originalmente por Freiler. Funcionarios judiciales, abogados y académicos lanzaron una acción de recolección de firmas de apoyo a esa “acción de Lesividad”, con la consigna: “para terminar con la Justica cooptada y los jueces de atracción”.
En ese contexto, el pronunciamiento de Justicia Legítima convoca a “desandar ese camino y restablecer el orden jurídico vulnerado como modo de consolidar un sistema democrático respetuoso de la independencia de poderes, la garantías constitucionales y los derechos humanos”.
“El Consejo de la Magistratura –terció la nota de apoyo a la acción de lesividad- tiene en este caso la oportunidad histórica de comenzar a desarticular el lawfare, que aún conserva vigencia, y a congraciarse con el estado de derecho y afianzar la calidad institucional de la democracia argentina”.