Juristas e instituciones relacionadas con el Poder Judicial “ligadas a la defensa del Estado de Derecho y a la vigencia plena de los Derechos Humanos” pidieron al gobierno que “ponga fin a la mayor brevedad posible a la sujeción indebida a las parodias de procesos judiciales desarrolladas en la Provincia de Jujuy contra la compañera Milagro Sala”.

“Al cabo de casi seis años de amañados trámites judiciales no existe a la fecha ni una sola condena firme que justifique la continuidad de la privación de libertad de la compañera Sala y demás presos políticos, bajo cualquier modalidad que sea”, sostiene el documento, que firman entre otros el ex consejero de la Magistratura Beinusz Szmukler.

El escrito, dirigido al presidente, Alberto Fernández, recuerda que las dos primeras causas contra Sala “concluyeron con decisiones absolutorias o de sobreseimiento” pero de ellas “se multiplicaron numerosos procesos en su contra en los cuales se investigan circunstancias prácticamente de absoluta identidad en cuanto al marco fáctico”.

El petitorio le reclama también a la Corte Suprema de Justicia “que se avoque al inmediato tratamiento y ponga fin a las causas armadas para perseguir a Milagro Sala y a las y los demás presos políticos”.

“Aún en ese marco de multiplicidad de imputaciones el enorme tiempo transcurrido en detención vulnera todos y cada uno de los límites constitucionales y legales respecto del plazo de duración y de proporcionalidad de cualquier medida cautelar restrictiva de la libertad”, denunció el documento.

Los juristas e instituciones, entre ellas la Asociación Americana de Juristas,  la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Asociación de Abogados por la Justicia Social, la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, advirtieron que “la voluntad política es seguir limitando, por acción u omisión, la plena vigencia del Estado de Derecho en la Provincia de Jujuy”.

“La situación descripta es tenebrosamente similar a la que hemos atravesado, cuando tuvimos que luchar contra las leyes de impunidad de los crímenes de la última Dictadura Militar”. Según el escrito, las garantías constitucionales “no rigen en ciertos territorios con rémora feudal como la Provincia de Jujuy”.

Las organizaciones denunciaron “el trato cruel, inhumando y degradante recibido por Milagro Sala y estos luchadores sociales” y advirtieron que ello conlleva a “un incumplimiento del Estado Argentino a la plena vigencia de los Derechos Humanos”.