Dirigentes de Juntos por el Cambio realizaron hoy una reunión virtual en la que pidieron a los diputados nacionales del espacio opositor que rechacen la reforma del Ministerio Público por considerar que forma parte de un "plan de impunidad" para la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios con causas judiciales abiertas.

"Resulta de suma importancia pedir a los diputados nacionales que no aprueben este proyecto", afirmaron durante el encuentro convocado bajo la consigna "Reformas del Ministerio Público, los avances del plan de impunidad" y organizado la Fundación Pensar, la Fundación Alem y la Fundación Hannah Arendt, los "think tanks" de la coalición.

Como disertantes, participaron el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, las diputadas Gabriela Burgos, Mariana Stilman y Marcela Campagnoli y el integrante del Consejo de la Magistratura porteño Francisco Quintana, entre otros, que opinaron sobre el proyecto impulsado por la bancada oficialista del Senado y con tratamiento pendiente en la Cámara baja.

Los participantes remarcaron como "puntos inaceptables" del proyecto que "elimina la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, debilita al procurador general y condiciona a los fiscales, quienes podrán ser rápidamente removidos por un Tribunal de Enjuiciamiento que cuenta con mayoría oficialista".

En este sentido, recordaron que "el Ministerio Público Fiscal es el responsable de investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado" y que "el Ministerio Público de la Defensa garantiza la defensa en juicio de los imputados y las víctimas de delitos".

"El proyecto amplía las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. En efecto, la Comisión pasaría a cogobernar con el Ministerio Público", señalaron los dirigentes opositores.

Al respecto, subrayaron que "esto configura una injerencia indebida de un poder del Estado sobre otro y es inconstitucional", debido a que la carta magna define al Ministerio Público como "órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera".

Los dirigentes remarcaron que "dentro de la ampliación de funciones de la Comisión Bicameral, se destaca la posibilidad de elegir al Procurador General interino en caso de vacancia" por lo que "si se aprobara la ley, la Comisión al día siguiente podría desplazar al procurador general interino, Eduardo Casal, y designar a otro afín al oficialismo".

Sobre este punto, recordaron que el procurador general es el encargado de intervenir "ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo la acusación".

Además, afirmaron que la Comisión Bicameral actualmente "está siendo utilizada para atacar al procurador general interino, inmiscuirse en la gestión del Ministerio Público Fiscal, e incluso ha intentado cuestionar investigaciones de fiscales en causas judiciales y procesos disciplinarios".

El proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal fue impulsado el año pasado por el Frente de Todos en el Senado, a partir de iniciativas que habían presentado senadores de Juntos por el Cambio con anterioridad, cuando esa coalición era gobierno.

Pese a la resistencia de la oposición, el bloque oficialista de la Cámara alta aprobó la iniciativa que, entre otras cosas, reduce la mayoría necesaria para designar al jefe de los fiscales (pasa de los dos tercios del Senado a la mitad más uno) y acota su mandato a cinco años, eliminando el carácter vitalicio que tiene el cargo actualmente.