A la espera de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias del Congreso y el ingreso del proyecto de juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema, Juntos por el Cambio resolvió que participará del debate que motorizará el oficialismo en la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados para acusar y eventualmente desplazar a los magistrados.

En este sentido, perdió fuerza la posibilidad de que la principal alianza opositora se ausente en cada una de las reuniones de la comisión de Juicio Político para marcar su disconformidad con el trámite para sentar a los jueces del máximo tribunal en el banquillo de los acusados.

"Ellos tienen primero que convocar (a la comisión), pero esa sería la idea", admitieron fuentes de Juntos por el Cambio en diálogo con Noticias Argentinas.

La decisión se tomó en la noche del domingo en una reunión, y ahora falta la ratificación formal de las autoridades en el encuentro que celebrará mañana la Mesa Nacional de JxC.

La estrategia, entonces, será defender a la Corte y hacer caer el pedido de juicio político contra sus ministros, denunciando que el oficialismo busca remover a los integrantes del supremo tribunal para configurar una justicia a su medida que garantice la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

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En la comisión de Juicio Político será difícil que la oposición pueda bloquear la apertura del sumario contra la Corte, ya que el Frente de Todos tiene 16 de los 31 miembros y por ende logrará declarar la admisibilidad de la iniciativa y la firma del dictamen de mayoría con la mayoría simple.

Con ese número, el Frente de Todos podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por mal desempeño en sus funciones (según el artículo 53 de la Constitución) contra Horacio Rosatti y los otros tres cortesanos: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, desde JxC intentarán persuadir a algún diputado del Frente Renovador para que no estampe su firma en el dictamen. La mira está puesta en los massistas Ramiro Gutiérrez, Vanesa Massetani y Micaela Morán.

Si no logra torcer el escenario, la oposición podrá hacer valer su número para truncar el proyecto en el recinto, donde se necesitan las dos terceras partes de los votos, es decir, 177 sufragios, una cifra que el oficialismo no está ni cerca de conseguir.

Juntos por el Cambio dará el debate en comisión

El accionar de la Corte Suprema quedó en el ojo de la tormenta en las últimas semanas por comprometedores chats que se filtraron que tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

En esta etapa, la estrategia del oficialismo será dejar al desnudo cada uno de los accionares irregulares que le imputan a los jueces del alto tribunal, como por ejemplo la presunta complicidad con el Gobierno porteño expuesta en el llamado "fallo Robles" que favorece "arbitrariamente" a la Ciudad en el conflicto por la coparticipación de recursos federales, o también en la injerencia de la Corte en la conformación del Consejo de la Magistratura, arbitrando otra vez a favor de la alianza Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos.

Si milagrosamente Diputados aprobara el dictamen, el siguiente paso se daría en el Senado, donde uno o dos integrantes de la Cámara baja deberían presentar la acusación. En el Senado también se requiere de una mayoría de dos tercios, en este caso para declarar culpables a los jueces de la Corte y de esa manera desafectarlos del máximo tribunal, inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.

Se espera que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de este mes, cuando se pondrá en marcha la comisión de Juicio Político. 

Será claramente una apuesta de riesgo para el oficialismo, dado que esa iniciativa contra los miembros de la Corte podría repeler a Juntos por el Cambio, y de esa manera obturar la posibilidad de que la principal alianza opositora colabore con la agenda económica que impulsa el ministro del área, Sergio Massa.

Se trata de una nueva moratoria jubilatoria, un blanqueo de capitales, aumentos de algunos impuestos para financiar el adicional de coparticipación que la Corte le concedió a la Ciudad, y una reforma a la ley de lavado de activos.