La Cámara de Diputados comenzó esta semana el tratamiento del proyecto de ley que busca erradicar la violencia institucional por parte de fuerzas
policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, con la presencia de los organismos de Derechos Humanos.

El plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías hizo lugar al debate de la iniciativa que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y que propone "la prevención y rendición de cuentas de la violencia institucional", como así también "el acompañamiento de las
víctimas".

Así lo expresó la presidenta de la comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, quien además explicó que "se trata de un proyecto construido colectivamente; que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados".

La diputada nacional del Frente de Todos enfatizó la importancia de la convocatoria a los organismos para que se realice "un debate serio", y remarcó el "apoyo" que el Poder Ejecutivo al debate legislativo en materia de seguridad.

Asimismo, celebró que "se avance desde el Congreso de la Nación en una ley para la prevención y rendición de cuentas de la violencia institucional cometido por fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarios, y el acompañamiento de las víctimas".

La legisladora expresó además que la medida que se analiza "va acompañada de otras políticas como la Resolución 32 del Ministerio de Seguridad" a través de la cual se estableció "un sistema de reentrenamiento" de los efectivos de seguridad "en los próximos tres años".

Por otra parte, explicó que cuando se habla de la agenda de "transparencia" se alude a la garantía que se otorga a la sociedad civil en "el acceso información judicial ante casos de violencia institucional", pero aclaró que eso será posible "siempre que no se ponga en peligro el descubrimiento de la verdad".

Mientras tanto, la secretaria adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, destacó la importancia de que "la lucha contra la violencia institucional sea una política de Estado debatida en todos los estamentos".

Al respecto, sostuvo que "es muy importante la efectivización de protocolos que permitan que la ley se implemente en todas las fuerzas de seguridad".

A su turno, el presidente de la Liga Argentina de los Derechos Humanos, José Schulman, propuso que en el proyecto se incluya "un observatorio contra la violencia institucional de alerta temprana que sea autónomo del Estado y celebró el debate convocado por los legisladores nacionales".

Por su parte, la referente de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Raquel Witis, consideró que "la ley toma muchas de las propuestas de los familiares de las víctimas como la creación de los centros de denuncias que es fundamental para combatir la violencia institucional".