El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) apeló el rechazo de la Justicia federal jujeña para entender en una acción de hábeas corpus a favor de cuatro abogados defensores de manifestantes, sobre quienes pesan órdenes de detención.

Se trata de Ariel Ruarte, René Casas, Roberto Alemán y Alicia Chalabe, acusados por el gobierno de Jujuy –a través de la fiscalía de Estado- por “sedición e instigación a cometer delitos”.

El ex combatiente Ernesto Alonso, como secretario de Derechos Humanos del CECIM, apeló la decisión del Juzgado Federal número uno de declarar la incompetencia y declinar su tratamiento ante los tribunales locales.

“El Poder Judicial de la Provincia de Jujuy es un engranaje del estado de excepción, y busca dar visos de legalidad a procedimientos que son intrínseca y ontológicamente ilegales”, sostuvo la apelación.

Además, subrayó que “la actividad profesional de las y los abogados está especialmente amparada por la normativa

constitucional y convencional, y los requisitos para proceder a medidas extremas, como la privación de la libertad (o su amenaza), requieren de atravesar umbrales técnicos, procesales y fácticos específicos y rigurosos, nada de lo que está sucediendo en la provincia”.

El escrito cuestionó también las demoras que representa la declaración de incompetencia, habida cuenta de que “la acción de hábeas corpus preventivo originado en estas actuaciones ha sido presentada en la alegada necesidad de dar amparo a la libertad ambulatoria, de circulación y a la integridad física de abogados y abogadas defensores de derechos humanos”.

“Toda persona que orbite en derredor de las protestas sociales (legítimas en su naturaleza, por representar el ejercicio de derechos humanos), es colocado en una dinámica inquisitorial por la que, mediante las ordalías jujeñas, debe acreditar su inocencia, subvirtiendo así el sentido vertebrado por nuestro modelo representativo, republicano y federal”, afirmó el CECIM.

“Esta dinámica, perversa, ha alcanzado, en este punto, a las y los defensores/as de derechos humanos, circunstancia que amerita la intervención del fuero federal, pues se están quebrando cláusulas constitucionales y convencionales que, de seguro, acarrearán responsabilidad del Estado argentino por ante organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos”, resumió la apelación.