Juicio Político a la Corte: se esperan los testimonios clave de Robles y D'Alessandro en la causa "coparticipación"
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para mañana al vocero de la Presidencia de la Corte y al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, de quienes se sospecha que negociaron el fallo que benefició a la Ciudad.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reactivará tras el receso invernal este martes cuando vuelve a reunirse para recibir los testimonios del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y del vocero de la Presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, ambos protagonistas de la causa coparticipación federal que indaga sobre la hipótesis de un sesgo arbitrario a favor de la Ciudad de Buenos Aires por parte del máximo tribunal de Justicia, investigada por presunto "mal desempeño en sus funciones".
A partir de las 13 hs, la comisión presidida por Carolina Gaillard escuchará las palabras de dos testigos claves en esta investigación, ya que de las filtraciones de las conversaciones que ambos mantuvieron tiempo atrás por chat (que incluyen audios de voz) surgieron indicios de una presunta connivencia entre el máximo tribunal de Justicia y el Gobierno de la Ciudad.
La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D'Alessandro-Robles (éste último, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti) fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente favoreció al distrito porteño en este pleito.
Además de a ellos dos, la comisión citó también para este martes al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez (quien se había ausentado en la última reunión pidiendo reprogramar su declaración testimonial), y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP.
Se trata de la tercera audiencia dedicada al causal "coparticipación": en la última reunión de la comisión ocurrida el 11 de julio, había sido convocada la ex secretaria de Provincias Silvina Batakis, quien sostuvo que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo una transferencia "infundada" de partidas y "hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad".
La actual presidenta del Banco Nación dijo en aquella oportunidad que "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del Gobierno de Cambiemos en enero de 2016.
Además, realizó un plano detallado de la ubicación de Robles en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta oficial de esa reunión reservada entre Nación y Ciudad.
Aquel decreto de Macri del 2016 había elevado la cuota de coparticipación para la Ciudad del 2.35% al 3.75% con la excusa de que debía financiarse el traspaso de la Policía al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
Al poco tiempo de asumir la presidencia, Alberto Fernández quitó ese 1,40% adicional de coparticipación para auxiliar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense, estableciendo por decreto un 2.32% para la Ciudad.
A raíz de este recorte, la Ciudad judicializó el conflicto, y luego de tres audiencias de mediación en las que la gestión porteña rechazó las ofertas de Nación, la Corte dictó a fines del año pasado una cautelar que elevó a 2.95% la coparticipación para la Ciudad, dejando pendiente la cuestión de fondo.
Además de Batakis, en la última reunión de la comisión dieron testimonio fiscales de Estado provinciales que explicaron cómo dicho fallo que benefició a la Ciudad afectó al resto de las jurisdicciones y cuestionaron a la Corte por no haberlos incorporado como "amicus curiae" en el proceso.
La Comisión de Juicio Político es la que por lejos más actividad tuvo en la Cámara de Diputados este año, habiendo comenzado a sesionar el pasado 26 de enero.
Hasta el momento lleva realizadas 18 audiencias que estuvieron divididas por las distintas causales por las que está siendo juzgada la Corte: declarada la admisibilidad de la investigación, se dedicaron varias reuniones a analizar el "fallo Muiña" del 2x1 para la conmutación de la pena a represores de la última dictadura cívico militar, y se siguió luego con el debate sobre las irregularidades en las prestaciones de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) que controla y gestiona justamente el máximo tribunal.