La mayoría oficialista de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy una ampliación de prueba en el marco de la causal coparticipación federal del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. La misma consistente en tomarle una huella de voz al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, de cuyo teléfono celular se filtraron los audios de presuntas conversaciones con Silvio Robles, vocero y mano derecha del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

La moción fue presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade para comprobar la veracidad de esas charlas, de las cuales surgen sospechas sobre una presunta "connivencia" entre la Corte y el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta para favorecer a la Ciudad en el pleito por la coparticipación de recursos coparticipables federales.

El diputado kirchnerista aseguró que las conversaciones entre D’Alessandro y Robles están documentadas no solamente en chats sino también en "distintos audios". "Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso", señaló, y subrayó la necesidad de probar "la verosimilitud de estas filtraciones".

"Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente", manifestó.

Además, señaló que la voz de D’Alessandro se podía cotejar con lo que pudiera extraerse de reportajes televisivos, y pidió que "la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje". "Cuando venga D’Alessandro (a la comisión), usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara", le solicitó Tailhade a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

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El legislador y abogado oficialista sostuvo que "dado que estas huellas de voz son una prueba pertinente y útil para acreditar maniobras delictivas compatibles con el tráfico de influencias como práctica habitual y organizada, es importante su pesquisa a los fines probatorios".

"Máxime, cuando los audios o chats de un teléfono pueden borrarse pero la voz no puede ser adulterada", agregó.

En otro orden, quedó aprobada la citación por este causal a Rogelio Frigerio para que testifique después de las elecciones, dado que habría prueba documental en base a una entrevista televisiva donde el entonces ministro del Interior habría reconocido que Mauricio Macri había transferido más dinero de lo que correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, según relató Tailhade.

"Quieren someter al señor Frigerio a esta comisión, al candidato a gobernador más competitivo de la provincia, para venir acá a acorralarlo, a hostigarlo y hacer campaña electoral. Me opongo desde todo punto de vista, jurídico, político, democrático, del que quieran", protestó el vicepresidente de la comisión y titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Además de aprobarse la citación a Frigerio, la mayoría oficialista votó que se cite como testigos a Sivina Batakis, exsecretaria de las Provincias; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; Pedro Oscar Goyochea, asesor general del Gobierno de La Rioja; Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, quienes intervinieron en las audiencias de conciliación de la causa coparticipación.

También se aprobó la convocatoria como testigo del fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques, del cual Tailhade recordó que "festejó su cumpleaños en agosto del año pasado y a la fiestita arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles".

Y se agregó a la lista de quienes serán citados a los ministros de Economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca.

Antes de la votación, el diputado del PRO Álvaro González advirtió que con las citaciones a los ministros de economía provinciales "lo único que hacemos es dilatar y mientras tanto el Gobierno nacional no cumple con el fallo judicial".

"Parece que la oposición quiere hacer lo mismo que la Corte, no escuchar a las provincias”, retrucó Tailhade.

A su turno, López cuestionó la producción de prueba en base a la huella de voz de D’Alessandro, recordando que la metodología de extracción de esas conversaciones filtradas del celular fue "ilegal".

"Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz", insistió.