La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizaba esta tarde una nueva audiencia testimonial en el marco del procedimiento que investiga por mal desempeño el accionar de miembros de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 2x1 con el que intentó conmutar la pena a represores de la última dictadura militar.

Uno de los testigos convocados fue el ex ministro de Justicia macrista Germán Garavano, quien aseguró que el fallo "Muiña" del supremo tribunal "no correspondía", por lo que se despegó de las denuncias del oficialismo que lo involucran.

Sucede que el oficialismo tiene bajo la lupa a Garavano .pese a no ser acusado sino testigo- por su supuesta participación en "la compra" del voto de la ex suprema Elena Highton de Nolasco en el fallo del 2x1 de mayo de 2017, tomando como caso para sentar jurisprudencia a Luis Muiña, un torturador del centro clandestino "El Chalet" que funcionó en el predio del Hospital Posadas.

Según la denuncia que motoriza el Frente de Todos en la comisión de Juicio Político, habría una causalidad entre el voto de Highton de Nolasco en aquel fallo "Muiña" (firmado además por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) con la decisión del Gobierno de no apelar el fallo Schiffrin —dictado apenas un mes y medio antes— que avaló la continuidad de la magistrada en la Corte pese a que ya tenía más de 75 años. Es decir, un supuesto intercambio de favores para que la jueza no pierda su puesto en el máximo tribunal.

La primera testigo invitada a exponer fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien leyó un documento en el que definió el fallo Muiña como un "intento de golpe a la lucha" de organismos de Derechos Humanos así como de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

"Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriendo las puertas de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como aquellos que gozaban de prisión domiciliaria", arrancó la referente del movimiento de Derechos Humanos.

Según dijo, "el fallo desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados porque el resultado que propugnaron en Muiña, además de lo absurdo de la aplicación de la ley 24.390 (2x1)".

Sobre Highton de Nolasco, quien aportó el voto clave en el fallo sumándose al de Rosatti y Rosenkrantz, consideró que "de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos favoreciendo indiscriminadamente de manera generalizada a los responsables de los crímenes mas atroces que recuerde nuestra historia a sabiendas de que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema indicaba lo contrario".

"Al mismo tiempo (los magistrados) subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y la reacción política de este Parlamento que en tiempo récord aprobó la ley interpretativa 27.632 consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente", siguió De Carlotto.

"No podemos dejar destacar que la inmensa mayoría de los tribunales inferiores de la Corte decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña con anterioridad a la aprobación de la ley contraviniendo como nunca antes de la historia judicial argentina una decisión suprema", subrayó.

Recordó que ante esa decisión, Rosatti y Highton de Nolasco "debieron volver sobre sus pasos echando mano a esa nueva ley", mientras que Rosenkrantz "se mantuvo en su voto, del mismo modo que Lorenzetti y Maqueda que ya habían desechado la aplicación de la ley 24.390".

"En síntesis podemos decir que entre febrero y marzo de 2017 la Corte Suprema pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en el 2004 primer generando un acortamiento de las obligaciones generales del Estado en materia de Derechos Humanos y su exigibilidad", resumió

De Carlotto no olvidó señalar "la lentitud de la tramitación de las causas que ya tienen sentencia pero que aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza".

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"Al desentenderse de estas demoras, la Corte las consiente", dijo al respecto.

"Llegamos al extremo de la muerte de (Carlos Pedro) Blaquier en marzo como una expresión de impunidad amparada por la Corte y su pereza voluntaria, o los casos de los juicos por centros clandestinos de detención de la jurisdicción de La Plata, de los cuales ninguno se encuentra firme", puntualizó.

Para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, "jamás la Corte ha expresado una mínima directiva general para optimizar los juicios".

"Ni siquiera durante la pandemia sus acordadas brindaron una pauta clara para la tramitación de los juicios pese a los reclamos de los propios tribunales orales federales que no sabían cómo continuar los juicios iniciados", agregó.

Sumó a la lista de reclamos hacia la Corte la "inactividad de la comisión Interpoderes" que debe ser convocada por la presidencia del máximo tribunal con el fin de delinear los protocolos para acelerar la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. 

"Tampoco desde allí se implementó una política judicial o un mecanismo de consulta sincero a los organismos en el último tiempo", lamentó sobre la parálisis de la comisión Interpoderes, creada en 2009 como un espacio de intercambio entre los organismos de Derechos Humanos y las diferentes agencias del Estado abocadas a los juicios de lesa humanidad.

En este sentido, De Carlotto señaló que en mayo del 2020 Abuelas de Plaza de Mayo junto al CELS solicitaron la puesta en funcionamiento de la comisión para intentar hacer posible la reanudación de los juicios de lesa humanidad en el contexto de la pandemia Covid 19.

"De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que el ministro Rosenkrantz la convocó en octubre de 2020 en medio de un conflicto político con el Gobierno nacional, sabiendo que la reunión convocada no era más que una puesta de escena. Desde Abuelas decidimos no asistir a esa reunión", rememoró, y agregó que "Rosenkrantz no volvió convocarla y Rosatti al día de hoy tampoco lo ha hecho".

El siguiente el declarar fue Garavano, quien consideró que "no correspondía" el fallo "Muiña" porque "genera un tema muy perverso respecto del sistema de justicia como respecto del sistema carcelario".

"Más allá de que respeto la independencia judicial y creo que estaba dentro de las facultades de la Corte, yo creo que no correspondía, como no correspondía el 2x1 que es una ley que genera un tema muy perverso respecto del sistema de justicia como respecto del sistema carcelario, y no solo en delitos de lesa humanidad. En delitos donde hubo violaciones o asesinatos, organizaciones de lo más sofisticadas se beneficiaron con esa norma", manifestó al responder preguntas de los integrantes de la comisión en el anexo de la Cámara baja.

"Es una norma que yo critiqué siempre y por eso me duele más esta situación”, explicó sobre su involucramiento como testigo en el juicio político, en el cual subyacen sospechas sobre el supuesto interés del ex ministro macrista en que se dictara el controvertido fallo Muiña.

En esa línea, Garavano aseguró que "disiente con muchas decisiones de la Corte", y explicó que "esa es la esencia de la democracia".

"Pero si cometieron algún delito o violaron la ley está muy bien que avance el juicio político pero no por el contenido de sus fallos, eso no es parte de la democracia", concluyó.

Al hacer referencia al planteo del diputado oficialista Leopoldo Moreau sobre el uso de las prisiones preventivas durante el gobierno anterior, el dirigente de Juntos por el Cambio aclaró que esas situaciones "las deciden los jueces" y "no se le pueden atribuir a un gobierno".

"Si no podríamos decir que la condena de Cristina Kirchner es culpa de este gobierno", contestó.

En otro orden, negó haber hablado alguna vez sobre el "2x1" con la ex jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, cuyo voto a favor en aquel fallo es investigado como parte de un supuesto intercambio de favores por el cual el Gobierno de Mauricio Macri se comprometía a no recurrir una sentencia que la magistrada había obtenido para seguir en su cargo más allá de los 75 años.

"Con Highton nunca hablé del caso Muiña. Solamente sobre la reforma del sistema de Justicia, cómo mejorarlo. No tuve tantas charlas, no tenía una cotidianeidad de reuniones con ella", contestó.

Garavano explicó que decidieron no apelar el fallo que favoreció a Highton de Nolasco porque se atuvo a las "doctrinas Fayt y Petracchi" sobre el tema.

Recordó en ese sentido que el ex ministro de Justicia de la Nación Julio Alak había desistido del recurso de apelación de una sentencia que beneficiaba en ese mismo sentido al fallecido ex juez Enrique Petracchi.  

"Yo tomo la decisión de mantener ese criterio en base a ese antecedente", dijo, al hacerse cargo de la decisión.

Y al respecto detalló que tomó la decisión "estando de licencia" y se la comunicó a su entonces secretario de Justicia Santiago Otamendi y al entonces director de Asuntos Jurídicos Horacio Pedro Diez. Éste último fue en quien delegó la responsabilidad de realizar un informe sobre la postura del Ministerio de Justicia en relación al fallo "Schiffrin" que avaló la continuidad de Highton de Nolasco.

"¿Le dejó la responsabilidad de contestar la demanda por la continuidad de una jueza del máximo tribunal a un abogado del Ministerio, y usted y su secretario no participaron?", le preguntó con desconfianza Rodolfo Tailhade.

A lo cual Garavano contestó: "Es un informe, el Estado tiene que informar al juez para que el juez resuelva y yo creo que no hay mejores manos en el Estado argentino que las del doctor Diez".

Incómodo por las suspicacias sobre el voto de Highton de Nolasco, el ex ministro macrista salió en defensa de la idoneidad profesional de la ex magistrada, a quien definió como "una de las mejoras juezas que ha tenido la Corte" junto con Carmen Argibay, por lo que le reclamó a los diputados opositores que no la "vapuleen" ni la "bastardeen".

"No puedo dejar de señalar que fue una jueza designada por (el ex mandatario) Néstor Kirchner, que ha tenido una relación directa con el actual presidente (Alberto Fernández y sus equipos", acotó.

En tanto, el ex funcionario de Cambiemos dijo que no recordaba si había hablado sobre el tema con el entonces jefe de asesores de la Presidencia (y actual senador nacional) José Torello ni con el operador judicial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (prófugo de la Justicia), a quien dijo haberlo visto "varias veces" en la Casa Rosada aunque sin saber qué cargo desempeñaba en la estructura del Gobierno de Cambiemos.

Tanto Torello como Rodríguez Simón (prófugo en Uruguay) fueron citados como testigos por la comisión por las sospechas que pesan sobre ellos de haber sido parte del dispositivo judicial macrista para negociar fallos con la Corte Suprema, pero se mostraron reticentes a declarar.

A su turno, la diputada del Frente de Todos Mara Brawer afirmó que tenía registro de 149 comunicaciones telefónicas entre Garavano y Rodríguez Simón.

Ofuscado, el testigo dijo que iba a promover una denuncia penal para conocer si había habido espionaje ilegal para acceder a sus conversaciones privadas, y el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro pidió a la comisión que se pronuncie en ese mismo sentido.

Minutos después, Tailhade aclaró que la fuente de Brawer era una investigación periodística del medio El Destape en base a un informe de la Dirección Judicial de Asistencia en Delitos Complejos (DAJUDECO) que consta en el expediente "Indalo contra Macri y otros" que tramita en el juzgado de la doctora María Romilda Servini de Cubría. El diputado kirchnerista y especialista en temas de Justicia corrigió la cantidad de comunicaciones entre Garavano y Rodríguez Simón al señalar que en realidad fueron 162. 

"No corresponde ninguna denuncia penal (al medio periodístico). En todo caso hagan un pedido de juicio político a Servini de Cubría que es la que ordenó esa medida de prueba", arremetió Tailhade. 

A continuación, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, le preguntó a Garavano si conocía al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, involucrado en chats con Silvio Robles, de la vocalía de Rosatti, y en su respuesta el ex ministro reconoció que existe una "relación política", pero lejos de una amistad.