La comisión de Juicio Político aprobó hoy la citación del vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro para el 4 de julio, en el marco de la investigación por supuestos contubernios en el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación federal de recursos que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

Según definió la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard, la próxima audiencia tendrá lugar el martes 27 de junio a las 13 hs, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, además de gobernadores, el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, y distintos fiscales de Estado.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto recordó que el conflicto tiene como origen un decreto de enero de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri elevó la porción de coparticipación federal en favor de la Ciudad llevando la tasa al 3,75%, con la excusa de que ese aumento del 1,4% compensaba el gasto adicional por el traspaso de la Policía. 

Para el entrerriano, esa medida "excede también largamente el costo del servicio de seguridad", por lo que justificó que se haya intentado retrotraer la situación durante el actual Gobierno.

El diputado del Frente de Todos relató que luego de tres audiencias en la Corte, en las cuales la Ciudad desechó las ofertas realizadas por Nación, se dictó la medida cautelar que en contra del Estado nacional y favor de la Ciudad, "sin resolver la cuestión de fondo".

Al respecto, Casaretto acusó a la Corte Suprema de haber operado para "concentrar recursos en favor de la Ciudad de Buenos Aires" en detrimento del resto de las provincias.

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El legislador oficialista concluyó su intervención pidiendo el juicio político "contra los miembros de la Corte que otorgaron esta cautelar a favor del distrito más rico de la Argentina, en contra de la Nación argentina, en contra de las provincias argentinas y en contra de un país federal".

En sentido contrario se manifestó el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien señaló que el problema se suscitó cuando el Gobierno nacional intentó transferirle los recursos quitados a la Ciudad a la provincia de Buenos Aires.

"Lo que ocurrió fue que la Policía de Buenos Aires estaba casi en estado de sublevación. La plata que se le sacó a la Ciudad se le dio a la provincia de Buenos Aires, esa es la verdad. El resto de las provincias, calladitas la boca", acusó.

Según el macrista, el decreto de Alberto Fernández fue "claramente ilegal, inconstitucional" ya que "violó todas las reglas de federalismo de concertación".

Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade consideró que esa cautelar concedida por la Corte Suprema a favor de la Ciudad "es el punto final de un proceso que uno lo puede situar en enero de 2016 con el decreto del presidente (Mauricio) Macri, pero otros lo podemos situar de manera más concreta en el momento en que aparece la filtración de chats” entre Robles y D'Alessandro.

En una de las conversaciones filtradas, Robles aparece enviándole al ex funcionario porteño un link con una nota que informaba que la Corte había rechazado la recusación al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la causa por coparticipación. "Espero que hagas sacar (en los medios) el ‘fallo Robles’", le agregaba.

"La hipótesis principal que nosotros tenemos que investigar es el acuerdo y la complicidad, o si se quiere, la connivencia entre la Corte Suprema y un sector político que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo Tailhade, que aseguró que hubo "un acuerdo espurio".

Además, el legislador oficialista apuntó contra la Corte por haberse tomado "dos años para resolver una cautelar que tiene que ser resuelta en días".

Para Tailhade, los chats "dan cuenta de una relación absolutamente íntima, personal, de amistad entre Silvio Robles y el beneficiario directo de la sentencia de la Corte" ya que al exministro era a quien "le iban a ir los 148 mil millones de pesos, o ya no sé cuántos, que ordenó redireccionar la Corte".

A su vez, señaló que en esas conversaciones filtradas quedó plasmado que "la Corte le daba instrucciones a este sector político para manejarse en los ámbitos políticos, parlamentarios, comunicacionales y judiciales".

"Ha quedado muy claro a lo largo de estos meses a qué se dedica Robles: a hacer sentencias no, a operarlas, antes y después, y fundamentalmente en los medios de comunicación", sentenció.

A su entender, "todo indica" que los chats filtrados "son verdaderos y que es verdadera la connivencia entre la Corte y este sector político".

Al tomar la palabra, el vicepresidente de la comisión de Juicio Político y jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo que desde el oficialismo "evidentemente van a hacer campaña con el tema coparticipación, usando este escenario como un búnker, por algo esperaron a que llegue julio para tratar este tema".

"El show que pretenden hacer el mes que viene, después del cierre de listas, no les va a salir", disparó. 

Sobre el final de la reunión, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés criticó a la Corte por haber desestimado el pedido de 15 gobernadores oficialistas para ser incorporados como "amicus curiae" en la causa, siendo que son "los agentes naturales del Estado Federal" de acuerdo al artículo 128 de la Constitución Nacional.

Al comienzo de la reunión de comisión, el oficialismo logró imponer su mayoría para aprobar la resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien le adjudicaron "provisionalmente" 14 cargos por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

El Frente de Todos acordó brindarle al magistrado diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados en su contra.

La comparecencia de Maqueda, el más comprometido de los cuatro jueces por este causal ya que fue el encargado de supervisar la obra social entre 2008 y 2021, es voluntaria en esta instancia del juicio político, e incluso tiene la posibilidad de presentar un informe escrito.

Mientras se avanza con el resto de los causales del Juicio Político, el Frente de Todos avaló la creación de una subcomisión, que estará presidida por la kirchnerista Vanesa Siley, para darle continuidad a la investigación respecto de "las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros".