Cuáles fueron las causas importantes que tuvo la jueza Capuchetti antes del la del "Vacunatorio Vip"
La magistrada se convirtió en la jueza nombrada por sorteo para hacerse cargo de las denuncias contra el ex ministro de Salud Ginés González García.
María Eugenia Capuchetti, la jueza federal de Comodoro Py que investigará el "vacuna gate", es la última de las federales en llegar al edificio de Retiro con trayectoria judicial y con el apoyo de sectores peronistas de la provincia de Buenos Aires.
Su llegada a Comodoro Py fue con mucha expectativa, pues se hizo cargo del juzgado que dejó vacante el entonces juez Norberto Oyarbide, acorralado por las denuncias de corrupción en su contra y mal desempeño que lo obligaron a dimitir.
El juzgado contaba con un atraso importante en el trámite de las causas y tenía la marca de emprender mega-grandes investigaciones, que no siempre llegaban a buen puerto, sumado al estigma de ser liderado por uno de los jueces que más denuncias por mal desempeño recibía Comodoro Py.
Capuchetti se inició en la carrera judicial en el edificio de Retiro, fue secretaria federal del juzgado federal 12 y desde allí luego se pasó a la Justicia de la Ciudad con un perfil mucho más de gestión y una impronta más renovada.
Pero luego concursó y llegó con el apoyo del peronismo de la provincia de Buenos Aires al juzgado 5, incluso en la jura estuvo presente el ex ministro de Seguridad Bonaerense Cristian Ritondo.
Desde entonces, la preocupación fue de actualizar las causas y "limpiar" el juzgado que llevaba años de atraso.
Una vez que asumió llevó adelante investigaciones mediáticas como la tragedia de Time Warp, en donde sobreseyó al abogado Víctor Stinfale por el hecho en el que murieron cinco jóvenes en una fiesta electrónica por consumo de estupefacientes; y también hizo lo propio con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, denunciados por la supuesta venta del grupo Indalo cuando estaba inhibido judicialmente.
Pero más recientemente, la jueza tomó la polémica decisión de no reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta Cristina Kirchner la cual había sido cerrada por su antecesor Oyarbide en 2009.