El ex secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015, José Francisco López, quedó a seis días de la posibilidad real de recuperar la libertad, según se desprende de un fallo del Tribunal Oral Federal número 1.

Ante un nuevo pedido de “excarcelación en términos de libertad condicional” formulado por la defensora oficial, Pamela Bisserier, el tribunal dispuso el rechazo porque no están cumplidos los plazos para acceder a ese beneficio.

Pero el fallo, firmado por los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico, aclaró que “el plazo en cuestión se encontrará cumplido el próximo 13 de abril”.

Los jueces omitieron anticipar qué decisión tomarán ante un nuevo pedido de excarcelación en la fecha fijada –para la cual falta menos de una semana-  pero recordaron que sobre López pesa una condena unificada a siete años y medio de prisión que aún no está firme.

Además, el ex funcionario, detenido a mediados de 2016 cuando intentaba ocultar casi nueve millones de dólares en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez, obtuvo una reducción de los plazos para acceder a los beneficios de la morigeración de su detención por la realización de cursos y estudios durante su encierro.

López podrá acceder a esos beneficios, entre ellos la libertad condicional, dos meses antes de lo que indicaba la primigenia cuenta matemática.

López “fue detenido en estas actuaciones el 14 de junio de 2016 -permaneciendo en esa situación hasta el día de la fecha-, y fue beneficiado con la aplicación del régimen de estímulo educativo con una reducción de dos meses en el plazo temporal de su tránsito por el régimen penitenciario”, subraya el fallo.

El fiscal de juicio, Miguel Ángel Osorio, también se había pronunciado por rechazar la libertad de López, argumentando –al igual que los jueces- que “no se encuentra cumplido el requisito temporal que requiere el beneficio”.

La resolución admite, además, que por tratarse de un caso en el que la detención es equiparable a una sentencia definitiva, está abierta la vía de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia.