El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José Francisco López, recusó a uno de los jueces del tribunal oral que tiene a su cargo el juicio por la Causa Skanska porque ya lo condenó recientemente por hechos similares en la Causa Vialidad.

Se trata del juez Jorge Gorini, quien junto con Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso integró el tribunal que condenó a López y otros imputados –entre ellos Cristina Fernández de Kirchner- por administración fraudulenta en la adjudicación de obra púbica en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez.

Gorini integra, a su vez, junto con sus colegas Néstor Costabel y Ricardo Basílico, el tribunal oral federal que debe celebrar en fecha aún por determinar el juicio oral por la Causa Skanska, el presunto pago de sobornos para obras de extensión de gasoductos en el norte y el sur del país.

Paola Bigliani, la defensora oficial de López, sostuvo que “Gorini se ha pronunciado en un proceso anterior en el que se discutieron elementos similares a los que se analizarán en el marco del expediente en trámite”.

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“De la lectura de esa sentencia condenatoria se desprenden manifestaciones que derivan en un fundado temor de parcialidad”, añadió.

La defensora oficial aclaró que “no cuestiona ni duda de la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado, sino que lo que se pretende es evitar el temor que pesa sobre la pérdida de su imparcialidad, que en el caso concreto se encuentra más que fundado toda vez que el magistrado ha condenado a mi defendido en el marco de un debate en el que se discutieron hechos similares a los descriptos en este expediente”.

En la Causa Skanska  “se intentará determinar si, en ocasión y con motivo de la construcción de dos gasoductos en el norte y el sur del país, la empresa sueca Skanska habría pagado sobornos a funcionarios públicos –entre ellos López- y utilizado facturas apócrifas para encubrirlos”, describió Bigliani.

“Resulta muy difícil suponer que, de juzgarlo nuevamente por otro hecho que López presuntamente habría cometido también en ejercicio de esa misma función, el magistrado pueda apartarse de la opinión que tiene”, sostuvo la defensora.

“El debate oral y público sería un mero trámite, una puesta en escena, por cuanto la opinión de dicho magistrado respecto de la responsabilidad penal de mi defendido ya ha sido plasmada”, justificó la recusación.