Un grupo de intendentes de todo el país saldrán de las oficinas de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en Cerrito al 800 para dirigirse a pie hasta los Tribunales de Lavalle y realizar una presentación con el objetivo de detener los efectos del DNU firmado por la administración de Javier Milei.

En ese sentido, el alcalde de La Matanza y titular de la federación, Fernando Espinoza, aseguró a NA que "Los intendentes decidimos presentar un recurso de amparo con nuestra firma para rechazarlo frente la justicia. El Presidente vacía el bolsillo de nuestra gente".

Previamente, el vicepresidente de la entidad pública, el intendente formoseño de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidth, aseguró que “…hay mucha preocupación, lo que se habló en la campaña electoral se está concretando y las medidas que se anunciaron van en contra de la gente, de los municipios, que es la primera célula de la gente, donde viene a presentar sus inquietudes y problemas. Estamos muy preocupados todos los intendentes de todos los extractos políticos”.

En ese contexto, los integrantes de la FAM, una asociación sin fines de lucro creada por Ley Nacional (Nº 24.807) y de asociación voluntaria, emitieron un comunicado explicando la avanzada contra el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que desregula la actividad económica.

Entre sus consideraciones se anotan algunos párrafos que se incluyen en la presentación judicial denunciando vicios de forma y de contenido del decreto.

“El presidente Javier Milei no respeta nuestro sistema republicano de división de poderes. De espaldas al pueblo y a sus representantes legislativos, firmó un decreto que deja sin efecto o modifica radicalmente leyes de diferente naturaleza que regulan y rigen desde hace décadas todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad. Sin debate previo avanza sobre los derechos de los trabajadores, destroza las economías regionales, plantea innumerables privatizaciones y entrega a sectores concentrados o extranjeros el patrimonio de los argentinos. Con este “decretazo”, el gobierno nacional deja desamparados a las y los habitantes de todo el país, beneficiando a la elite financiera y económica”.

De esta manera, el DNU suma un nuevo actor institucional que intentará frenar sus efectos en la Justicia.