El fiscal Claudio Navas Rial imputó hoy al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al ex canciller Jorge Faurie y al e secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo por el posible delito de contrabando de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia en la previa al golpe militar contra el ex presidente Evo Morales. 

Estos nombres de ex funcionarios de Cambiemos se suman a los ya imputados en la causa, como el ex presidente Mauricio Macri, el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex jefe de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad.

Las nuevas imputaciones responden a la ampliación de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quienes aportaron elementos sobre dos reuniones clave ocurridas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada.

En la primera de ellas, según describieron los denunciantes, el ex presidente Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien luego el encuentro habría suscripto una "sospechosa nota, hasta ahora desconocida" mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales- el envío de personal de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, que por entonces estaba a cargo de Álvarez García.

Envío del material bélico

La segunda reunión habría tenido reunión en el despacho de Peña, con la participación -entre otros- de Bullrich y de Otero, para organizar la logística del envío del material bélico por parte de las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019, es decir, al día siguiente.

En su resolución, Navas Rial consideró que "los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, al canciller, Jorge Faurie, y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".

Agregó que los hechos descriptos en sus dictámenes anteriores son los mismos que ahora se revelarían con más detalle y nuevas pruebas, por lo que afirmó que "la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente".

También expresó que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes resultaban "conducentes para la averiguación de la verdad".

El fiscal le solicitó medidas de pruebas al juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, quien está a cargo del caso.