Imputan a Julio Garro por la autorización ilegal de barrios privados en La Plata
La Justicia imputó a Julio Garro por autorizar ilegalmente 400 barrios privados en La Plata, con un fraude estimado en 1.500 millones de dólares.
La Justicia imputó este lunes al exintendente de La Plata, Julio Garro, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la autorización ilegal de 400 barrios privados en la ciudad.
La investigación en su contra también incluye cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Allanamientos y empresas involucradas
En el marco de la causa, se están llevando a cabo allanamientos en diversas propiedades y oficinas vinculadas a exfuncionarios municipales y empresarios del sector de la construcción.
Entre los domicilios allanados se encuentran las sedes de las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., que habrían tenido un rol clave en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos.
El esquema de corrupción bajo la lupa
Según la investigación, se detectó un esquema en el que se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora, presuntamente propiedad de funcionarios de la gestión de Garro, para la urbanización de los barrios.
Además, se investiga la relación del exintendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este, sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares.
Impacto económico del fraude inmobiliario
La causa estima que el perjuicio económico ocasionado asciende a 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias de 1.500 millones de dólares.
Entre las pruebas recabadas se encuentran:
- Documentos alterados en expedientes municipales
- Sobreprecios en obras públicas
- Desvíos de fondos en convenios urbanísticos
Investigación en curso y posibles nuevas imputaciones
El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, solicitó las medidas de allanamiento, registro y secuestro de documentación para avanzar en la investigación y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.
La Justicia continuará con la recopilación de pruebas y no se descartan nuevas imputaciones en el marco de esta investigación, que pone en jaque la legalidad de cientos de desarrollos inmobiliarios en la ciudad.