El fiscal federal Ramiro González pidió las indagatorias de ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, entre ellos  Javier Iguacel, ex Ministro de Energía, y  Gustavo Lopetegui, ex secretario del área, por el presunto delito de “peculado” por la venta de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán, que habrían generado un perjuicio superior a los 300 millones de dólares.

El fiscal pidió, además, al juez Sebastián Casanello, el embargo preventivo y la inhibición general de bienes de los imputados, con el objetivo de “asegurar el futuro decomiso” para cubrir el perjuicio que la venta de las centrales pudo haber ocasionado a las cuentas públicas.

Según el cálculo efectuado por González, “el daño patrimonial sería de 337.147.391,30 de dólares”.

Las indagatorias ya habían sido pedidas en abril pasado por la empresa de energía estatal IEASA, en el marco de una denuncia presentada a fines de 2018 por el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

La lista de indagatorias pedidas incluye a  Mario Dell´Acqua, ex Presidente de IEASA; Luis Pintos, ex vice; Daniel Minenna, ex Director de Administración, Finanzas y Servicios Corporativos;  Claudia Mundo, también ex titular de la empresa energética; Carolina Calcagno, representante del Estado como accionista en la asamblea en la que se licitó la venta de las centrales;  Mario  Thiem, Director Titular en la asamblea; y

Alejandro Fontan Balestra, Director Titular y Vicepresidente del Directorio de IEASA en la misma asamblea.

Según la imputación las centrales había sido tasadas en U$S 305.906.000 y U$S 207.110.000, “ambos montos luego de descontadas las deudas”, pero se vendieron a precios sensiblemente inferiores tras un intrincado proceso administrativo, que implicó una pérdida para IEASA de unos 118 millones de dólares.

“No se cuestiona la decisión de enajenar las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, lo que se reprocha es que se haya hecho en perjuicio de los intereses económicos del Estado Nacional, ya que se vendieron por cifras muy por debajo de sus valores patrimoniales”, sostuvo el fiscal.

 “Los funcionarios públicos señalados en el presente dictamen eran quienes debían velar por esas centrales térmicas. En este sentido, podemos observar como modificaciones a los pliegos fueron en detrimento de los intereses que estaban llamados a custodiar las autoridades que hicieron esos cambios. Tampoco fueron actualizando la deuda que se iba cancelando, lo que conllevaba el aumento del valor de las centrales que nunca fue reflejado en los distintos pliegos”, resumió.

Sobre el embargo preventivo, el fiscal recordó que “el fin propio de la norma es evitar que el tiempo que insume el proceso frustre la aplicación del derecho penal y así se asegure el eventual cumplimiento de una eventual condena y se impida que se consolide el provecho del delito (conforme los objetivos que en la materia persiguen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es el recupero de activos de origen ilícito)”.