Iguacel sobre el juicio de la Obra Pública: “Es correcto y espero que esto avance”
El ex titular de Vialidad de Macri cargó contra Cristina Kirchner y los exfuncionarios involucrados en el caso, que se retomó con los alegatos de la defensa.
Javier Iguacel, quien fue el titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, habló en la previa del reinicio del juicio contra Cristina Kirchner por el desvío de fondos en la obra pública de Santa Cruz durante su etapa como mandataria. “El juicio es correcto y espero que esto avance. Ojalá esto sea una vuelta de página para el país”, marcó.
En dialogó con el programa de Luis Gasulla y Ricardo Benedetti por radio Rivadavia, el exfuncionario volvió a apuntar contra el empresario Lázaro Báez, que también será juzgado en la causa que involucra a la Vicepresidenta con quien se lo vincula en la supuesta formación de una “asociación ilícita”: “Me involucré para tratar de cambiar estas cosas”.
En ese sentido, catalogó que “la corrupción es un cáncer” y, consultado si solo se auditó la provincia de Santa Cruz en su área durante la presidencia de Cambiemos, aclaró que entre 2015 y 2019 “hubo 12 denuncias a las provincias” y nombró a “Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco”.
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La audiencia de los alegatos de la defensa de Cristina, que enfrenta un pedido de cárcel de 12 años e inhabilitación de manera perpetua para ejercer cargos públicos, comenzó este lunes a las 8 de la mañana de manera virtual frente al Tribunal Oral Federal 2, con la exposición de los abogados de la vicepresidenta, que hablarán también mañana. En cambio, ella tomará la palabra como abogada en causa propia este viernes y adelantó que se va a "desnudar la farsa".
El inicio del alegato a la titular del Senado se da, por otro lado, en un contexto convulsionado. El 1 de septiembre pasado fue víctima de un intento de asesinato en la puerta de su domicilio de Recoleta. Mientras saludaba a un grupo de simpatizantes que la fueron apoyo en medio de la causa judicial, Fernando Sabag Montiel llegó a centímetros de la vicepresidenta, le apuntó con una pistola Bersa calibre 32 a la cabeza y gatilló dos veces.
EL JUICO
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. En sus alegatos, los fiscales entendieron que la mayoría no se terminaron y que todas se cobraron, además de irregularidades en las licitaciones. Se calcula que el empresario, hoy bajo prisión domiciliaria por otras causas por corrupción, habría recibido un total de AR$537 millones en ese período.
La de ex mandataria será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio. Además del pedido de condena a la expresidenta, la Fiscalía también solicitó al tribunal a doce años de prisión a Báez; diez años al ex ministro de Planificación, Julio De Vido; otros 10 años al ex secretario de Obras Públicas, José López, la misma pena al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.
La Fiscalía se basó en los mensajes encontrados en el celular del ex secretario de Obras Públicas, José López (quien está entre los acusados) que le secuestraron en junio de 2016 cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez con nueve millones de dólares. Según Luciani, allí se encontraron pruebas de que antes de que Cristina deje el gobierno en 2015 se planificó el pago a Báez por obras no terminadas y se organizó el despido del personal y el cierre de las empresas.
La defensa, por su parte, rechazó la acusación en todo momento y consideró “absurdo” que Cristina Kirchner pudiese ser constituida como “jefa de una asociación ilícita”. Por otro lado, en los últimos tiempos han aportado documentación sobre los vínculos de los fiscales con diversos dirigentes de la oposición, como el expresidente Mauricio Macri, a quienes les señalan la conformación de un vínculo cuyo fin es proscribir a la vicepresidenta (y máxima figura del oficialismo) de la vida política.
Una vez que la defensa de la ex jefa de Estado finalice su alegato, alegará el empresario Lázaro Báez. Luego, la Justicia resolverá si inicia o no una etapa de réplicas y dúplicas donde todas las partes pueden responder aspectos de los alegatos que no fueron tratados en el juicio. Por último, los acusados podrán hablar una vez más ante el tribunal antes del veredicto de los jueces, que se espera que llegue antes de las Elecciones del 2023 para evitar especulaciones políticas al respecto.