El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, rechazó las denuncias del Gobierno que apuntan contra el exmandatario Mauricio Macri por haber otorgado concesiones en los contratos de autopistas, y confesó que analiza denunciar penalmente al presidente Albero Fernández y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. 

"La dificultad que tenemos en la Argentina es que las leyes son iguales para todo el mundo, y cuando un delito es demostrado, deben pagar las consecuencias quienes tienen que pagarlas. Cuando comprendamos que si hay un contrato no tienen que violarlo... Estoy analizando seriamente con abogados, les voy a hacer una denuncia a Katopodis y al Presidente por la irresponsabilidad de volver hacia una contingencia que vamos a tener que pagar todos", afirmó. 

El intendente del Capitán Sarmiento explicó que la extensión de acuerdos es una figura legal a la que se suele recurrir los distintos gobiernos tras los vencimientos de los contratos entre las partes. 

"Es verdad que se extendieron diez años los contratos, como también es verdad que este mismo Gobierno extendió los contratos del oleoducto que saca toda la producción de Vaca Muerta que ni siquiera vencía ahora sino en 2027", subrayó en diálogo con la periodista Nancy Pazos para Metro 95.1.

En la misma línea, reiteró: "Digo este contexto porque todos los contratos de concesión de la década del 90 le permitían al Estado una extensión de diez años. Es totalmente legal. El propio contracto dice que vencida la concesión se puede vencer diez años". 

El exministro de Energía argumentó que se tomó la decisión dado que, tras la construcción de las autopistas en 1997, los inversores recuperarían el dinero a través del cobro de peajes, pero que, luego de "violaciones en los contratos", las empresas perdieron capacidad adquisitiva.

"En 2015, el Estado argentino tenía un juicio iniciado por 2 mil millones de dólares, producto de la irresponsabilidad de los políticos de turno que vulneraron o violaron dos veces ese contrato", justificó Iguacel.

Asimismo, relató: "En la década del 90 se construye la autopista, y el contrato decía que el que viene a construir debía poner todo el dinero, y con los peajes se recupera la inversión con mantenimiento. Eso pasó, en el 97 se terminaron las obras, a los tres años empezaron a cobrar peajes, y con el cambio de la situación económica, el peaje que estaba en dólares, cuando Duhalde pesificó la economía, esos contratos perdieron el efecto que tenían".

"Hay un mandato de la Ley de Emergencia Económica que estable que se tienen que renegociar para recomponer la ecuación financiera de los contratos. En 2006, el propio Néstor Kirchner firmó un decreto avalando la negociación y poniendo un sistema tarifario que se actualiza con un indice indexado. A los seis meses que debía aplicarse, no se aplicó, y se empezó a generar la contingencia. Era la segunda vez que se quebraba el contrato", reafirmó. 

El intercambio se generó luego de que el mandatario Alberto Fernández a través de su ministro Katopodis solicitaran ante la Justicia la anulación “por irregularidades gravísimas” en la renegociación de los contratos, a cargo de las empresas Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y firmados durante el gobierno de Macri.

"Todos los argentinos le debemos, sin saber por qué, 830 millones de dólares a estas empresas”, denunció el ministro oficialista al tiempo que explicó que “las concesiones de las autopistas que se vencían en 2020, Macri se las extiende hasta 2030” y que, sin justificación, “se dolarizó la deuda y se le añadió intereses al 8% sobre la deuda”.

Ante las acusaciones, Iguacel rechazó haber ordenado un aumento tarifario en los peajes para beneficiar a la Autopistas del Sol, perteneciente al grupo empresario de la familia del expresidente. "Me negué a iniciar cualquiera renegociación hasta que no se deshiciera de las pocas acciones de la familia Macri", manifestó. 

Además, aclaró: "Están todos los balances en la bolsa, no ganaban plata, la mantenía para ver si podían ganar algo. Algunas compañías se iban, otras resistieron intentaron quedarse".

Por último, cuestionó la decisión del Gobierno de haber desarticulado los contratos de Participación Público Privada (PPP), y enfatizó en que la deuda generada a raíz de los acuerdos legales por la construcción de las autopistas deben pagarlas los funcionarios de su propio bolsillo. "Si hay que pagar un juicio deberían ser con su patrimonio", concluyó.