En poco tiempo habrá elecciones de medio término en la Argentina. Es una buena oportunidad para repasar brevemente algunas de las iniciativas impulsadas por el gobierno y los bloques oficialistas en el Parlamento. Estos últimos desarrollan dos grandes tareas: por un lado, tratan de convertir en leyes los proyectos del Poder Ejecutivo; por otro, promueven sus propias agendas legislativas.

En el terreno impositivo, por ejemplo, se promovió en los últimos dos años la aprobación de la ley de modificación del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas, por la que los trabajadores registrados que perciben menos de 150.000 pesos, y los jubilados que cobran hasta ocho haberes mínimos quedaron eximidos de pagar ese tributo; la modificación del Impuesto a las Ganancias de sociedades, cuyo objetivo fue aliviar la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas; la sanción al Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes; y el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, entre otras políticas.

Se trata de leyes que tienden a producir una redistribución de recursos inmediata y directa. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por citar un caso concreto, informó recientemente sobre sus planes para la urbanización de barrios populares. Son 214 proyectos de integración en 20 provincias, de los cuales 121 ya están en marcha y 93 se ejecutarán antes de fin de año. Los proyectos de integración están orientados a proveer de servicios básicos: veredas, postes, conexiones de agua, entre otros. La inversión total para esos 214 proyectos, de 18.022 millones de pesos, proviene de lo recaudado en un 15% del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia y del 9% del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).

Muchas veces se habla de reforma impositiva como si fuera una medida que se implementa de una sola vez o en un solo acto. Pero otro modo de plantearla es de manera progresiva y gradual, a través de distintas leyes que se van sumando y complementando, hasta constituir un cuerpo integral. Este segundo camino es el que está recorriendo el gobierno.

En simultáneo, en todo el mundo se está discutiendo la progresividad del sistema impositivo. Incluso podemos encontrar esta perspectiva en documentos del Fondo Monetario Internacional o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es lógico: resulta escandaloso que, en medio de una crisis en la que han aumentado notablemente el desempleo y la pobreza, haya en el otro extremo de la pirámide social una acumulación de riqueza que es ya incalculable.

Las grandes corporaciones no sólo se llevan los recursos de los países en vías de desarrollo, sino que no tributan ni siquiera en los países centrales. Por eso, se generalizan los debates acerca de la necesidad de aplicar impuestos mínimos para las grandes compañías. La Argentina no es una excepción: es enorme la cantidad de fondos que se evaden o se eluden. En nuestro país, incluso sin cambiar ninguna ley, logrando sólo que se deje de subfacturar exportaciones, de sobrefacturar importaciones o eliminando el contrabando, podríamos tener ingresos fiscales muchísimo más altos.

Pero no sólo se han promulgado, en estos últimos dos años, leyes tributarias. Entre las iniciativas enviadas por el Ejecutivo y las promovidas en el Parlamento se sancionaron, desde que asumió el actual gobierno, una gran cantidad de normas.

Entre otras, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que estableció una serie de medidas destinadas a favorecer a los argentinos y argentinas más vulnerables y a las PyMEs, congeló las tarifas de los servicios y creó las bases para comenzar a sacar al país de la crisis económica que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio; la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera; la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Instrumentada en Títulos Emitidos Bajo Ley de la República Argentina en condiciones equitativas; la Ley de Ampliación del Presupuesto 2020, que generó recursos adicionales para paliar los efectos de la pandemia; la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría, que redujo la tarifa del gas para usuarios según su lugar de residencia.

También la Ley de Manejo del Fuego, que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales; la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento; la Ley de Presupuesto 2021; la Ley del Índice de Movilidad Jubilatoria; la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que estableció que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación; la nueva Ley de Alquileres, que alcanza a 9 millones de inquilinos; la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1.000 días; la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero; la Ley para promover la equidad de género desde una perspectiva de diversidad sexual, en los servicios de comunicación, entre otras que no es posible enumerar en esta ocasión porque son muchísimas, y que también modifican de manera positiva la vida de la ciudadanía argentina.

Lo anterior es sólo una muestra del trabajo realizado durante este último tiempo. Nos espera una enorme tarea por delante: estamos conformes con lo hecho, estamos preparados para seguir haciendo. Estamos saliendo a la vida que queremos.

*Carlos Heller es Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario.