El diputado nacional del Frente de Todos Leonardo Grosso acusó hoy a sus pares de Juntos por el Cambio de estar "mintiendo y engañando a la población" respecto de la Ley de Envases, al cual se oponen al considerar que la tasa ambiental que se crearía con la norma es un impuesto adicional para las empresas productoras.

"Es una pequeña tasa que se aplica en función a lo dañino que es ese envase al ambiente y a la salud humana", explicó el presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Y acotó que si las empresas modifican el material de sus envases "no pagan tasas o pagan menos".}

LEER MÁS: ¿Por qué se trabó el tratamiento de la Ley de Envases en el recinto de la Cámara de Diputados?

El proyecto tiene dictamen favorable de comisiones pero su tratamiento en el recinto está trabado porque el oficialismo no tiene los votos suficientes para aprobarlo.

Grosso acusó al diputado del PRO Luciano Laspina de estar "mintiendo y engañando a la población" a través de "cuentas ridículas" induciendo a la población a creer que la implementación de la tasa ambiental generaría "un aumento del 3% a todos los productos" 

"Esto no impacta en la canasta básica. Es menos de un punto lo que puede impactar en algunos productos, si es que damos por sentado que los empresarios van a trasladar el costo ambiental que ellos generan al consumidor final", fundamentó.

Para el legislador oficialista se trata de "una ley ambiental muy importante", que busca "promover prácticas distintas en los productores".

El proyecto tiene como base la asignación de una responsabilidad social extendida al productor que introduce en el mercado envases no reciclables que generan no solamente un impacto ambiental sino además un costo una vez que es desechado por el consumidor.

Ese costo es asumido actualmente por el Estado que contrata empresas para el reciclado de basura, generando así un negocio en el sector privado.

Y aquello que no puede reciclarse por falta de capacidad normalmente termina en basurales a cielo abierto que son altamente perjudiciales para el medio ambiente y para la población que vive en las inmediaciones.

Lo recaudado tendría como destino el fortalecer y crear nuevos centros de reciclado operados por cooperativas sociales de "cartoneros" (o recuperadores urbanos) en los distintos municipios, creando miles de puestos de trabajo, aunque el objetivo real de la iniciativa es desincentivar a las empresas a que lancen al mercado productos con envases no reciclables para de este modo contribuir a una cultura de la producción no contaminante. 

"Con eso se financia un sistema de reciclado a través de cooperativas", recalcó Grosso, y agregó: "Lo que estamos buscando con esta ley es reducir la basura para disposición final".

A su entender, "hay un interés muy fuerte de las empresas por no hacerse cargo del daño ambiental que hacen".

"La empresa de la gaseosa más famosa del mundo no se hace cargo de las millones y millones de botellas de plástico que terminan en nuestros mares, ríos o rellenos sanitarios", apuntó en declaraciones radiales.

A la aplicación de la tasa ambiental "se resisten furibundamente la Cámara de Comercio yanqui (AmCham), que la escuchamos la semana pasada decir que era un impuestazo junto el coro de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, porque cuando esa cámara dice algo, ellos tienen que hacer eco a los cinco segundos y salir a defender los intereses de sus patrones".

Además señaló que "el otro sector que se resiste son los productores de alimentos de Argentina, la Copal a la cabeza, que tiene más una posición política que objetiva".

"Tanto AmCham como la Copal en otros países de Europa o del mundo pagan esta tasa, pero acá no la quieren pagar", completó.