En un nuevo y preocupante capítulo en la ya tensa relación entre la Corte Suprema de Justicia y los tribunales laborales, la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha decidido dejar sin efecto todos los criterios unificados que hasta ahora servían para calcular los intereses en las sentencias por juicios laborales. 

Esta medida, consagrada en el acta 2788/2024, otorga a cada sala del tribunal la libertad de aplicar la tasa de interés que considere más justa, en un movimiento que podría interpretarse como un desafío directo a las directrices impuestas por la Corte Suprema.

La decisión de la Cámara Laboral se da luego de varios reveses recibidos por parte de la Corte Suprema, que en sus recientes fallos ha descalificado los métodos de ajuste que la Cámara venía aplicando. 

La Corte, en fallos firmados por / ha considerado estos métodos como "arbitrarios" y "desproporcionados", generando aumentos en las indemnizaciones que en algunos casos alcanzaron hasta un 20.000% más que la sentencia original.

Uno de los casos que marcó un punto de inflexión fue el fallo "Oliva", en el cual la Corte anuló la sentencia de la Cámara Laboral que permitía aplicar tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda. 

Según la Corte, este método no estaba respaldado por el Código Civil y Comercial y arrojaba resultados económicos irrazonables. Posteriormente, la Cámara Laboral intentó establecer un nuevo criterio con el uso de la tasa CER más un 6% anual, pero la Corte también rechazó este enfoque por considerarlo igualmente desproporcionado.

En respuesta, y aparentemente sin una alternativa clara que no fuera igualmente criticada, la Cámara Laboral optó por abdicar de su rol unificador, permitiendo que cada sala determine sus propios criterios. Esta falta de unificación ha generado un profundo desconcierto entre los jueces de primera instancia, quienes ahora se ven sin un marco de referencia claro para sus fallos.

La decisión de la Cámara Laboral está firmada por un numeroso grupo de jueces, entre ellos Gabriela Vázquez, María Cecilia Hockl, Enrique Catani, y otros más, quienes con su decisión parecen haber ignorado las advertencias de la Corte Suprema. 

Esto no solo abre la puerta a una mayor incertidumbre judicial, sino que podría incrementar la litigiosidad en los juicios laborales, donde las partes ahora enfrentarán un escenario aún más impredecible.

La falta de un criterio unificado también podría afectar a miles de trabajadores y empleadores, quienes se verán atrapados en un sistema que ya no ofrece garantías claras sobre cómo se calcularán los intereses en caso de un juicio. 

El futuro de la justicia laboral en Argentina parece haber entrado en una zona gris, donde las decisiones individuales de los jueces podrían llevar a resultados dispares e/"/ impredecibles. En un contexto donde la confianza en el sistema judicial es crucial para la estabilidad social, esta divergencia entre la Corte Suprema y los tribunales laborales no solo resulta preocupante, sino que podría tener implicancias profundas en la percepción pública sobre la justicia en el país.