Al dirigente social lo habían convocado para participar del debate de la Comisión Bicameral de Control de la Deuda, por lo que su reacción sorprendió a los legisladores kirchneristas. La escena se desencadenó cuando el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, de Formosa, intentó pasarle la palabra a Oscar Parrilli, de Neuquén, para que explicara los detalles del proyecto.

En ése momento, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) levantó la mano y le acercaron el micrófono. “Perdón, pero nosotros no vinimos a escuchar sobre el proyecto de ley; vinimos a otra cosa”. 

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Según informaron desde el interbloque oficialista, habían convocado al Comité de Acreedores de la Deuda Interna, que nuclea a organizaciones sociales y es dirigido por Grabois. Tiene como objetivo denunciar el impacto que tuvo el endeudamiento externo -durante el macrismo- en la sociedad. 

“Queríamos hablar con la Bicameral para saber cómo va la investigación, para saber cómo se van a recuperar los fondos fugados”, remarcó Grabois frente a la mesa integrada por Juliana Di Tullio, senadora por Buenos Aires, y Anabel Fernández Sagasti, de Mendoza, además de Mayans y Parrilli. 

A su vez, el representante del MTE reclamó por “la poca acción de la bicameral” que tiene la bicameral de seguimiento de la deuda y por el “secretismo'' que rige en las autoridades de la comisión: “Supuestamente, hay una lista de quiénes fugaron dólares que está en poder de la presidencia de la comisión, y no de toda la comisión”, se quejó.

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Con la intención de calmar las aguas, el formoseño Mayans trató de explicarle a Grabois: “Es una cuestión de legalidad, no se puede hacer cualquier cosa”, se defendió el jefe de la bancada oficialista del Senado. “La información que está, se ha pasado a toda la Comisión”.

La defensa la siguió Di Tullio: “No podemos circular la información porque la comisión bicameral no está constituida y porque la ley de Entidades Financieras sigue vigente y nos impide levantar el secreto fiscal”. A la senadora kirchnerista le respondió una dirigente social del conurbano bonaerense que puso en duda la decisión política del oficialismo en tratar el proyecto: “Más allá de lo legal, lo que hace falta es que haya decisión política”.