En la declaración final de la cumbre G-20 que se lleva a cabo en la ciudad de Bali, Indonesia, los líderes de los países miembros solicitaron la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, avalando de esta manera el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses en distintos foros, en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito y en concordancia con la iniciativa planteada por nuestro país en la cumbre de Roma en octubre del 2021.

Dicho documento señala en su punto 33 que los mandatarios firmantes “estamos comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes” y destaca “los compromisos por un monto de USD 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes”, exhortando así al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.

Además resaltan la puesta en funcionamiento del Resilience and Sustainability Trust (RST), destinado a la ayuda de los “países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios” a abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático. Del mismo modo se pidieron compromisos adicionales y contribuciones oportunas al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.

Desde el gobierno argentino comunicaron que sigue firme "su compromiso para evitar el hambre de los más vulnerables, utilizando todas las herramientas disponibles para hacer frente a la crisis alimentaria mundial. A ello se suma promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señala la necesidad de actualizar las reglas multilaterales de comercio agrícolas, facilitar el flujo de los bienes agrícolas, y disminuir sus distorsiones".

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Según indicaron desde la Presidencia, buscarán "tomar acciones coordinadas para hacer frente a los retos de seguridad alimentaria, incluyendo la suba de los precios y el déficit global de materias primas y fertilizantes".

Con respecto a la situación en Ucrania, Nación consideró que "se refleja el costo de la guerra en la economía mundial, en la vida de las personas y en la seguridad alimentaria y energética. Los Estados expresaron sus posiciones nacionales conforme fueron sus respectivas votaciones en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mayoría habiendo condenado la invasión".

En otro tramo del comunicado que difundió la Cancillería, se remarcó que "el G20 insiste en la necesidad de que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en la lucha por el cambio climático, para movilizar conjuntamente USD 100 mil millones por año desde el 2020 y hasta 2025, y continuar deliberando sobre la necesidad de establecer el financiamiento partiendo de un piso de USD 100 mil millones por año, para cumplir con los compromisos internacionales climáticos de mitigación y adaptación".