El Fiscal Federal de San Luis Cristian Rachid solicitó hoy al Juez Federal de esa provincia, Juan Esteban Maqueda, que dicte medidas cautelares de carácter urgente para dar respuesta a la denuncia formulada por el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio ante las acusaciones de clientelismo por parte del oficialismo provincial de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

Una de las medidas que el fiscal Rachid solicitó al Juez Maqueda es la prohibición al gobernador Alberto Rodríguez Saá y a todos los funcionarios públicos hasta el 15 de noviembre de 2021 (el día posterior a los comicios) de utilizar fondos de cajas chicas para entregar dinero en efectivo -calculado en 85 millones de pesos-, así como abstenerse de efectivizar pagos de nuevos planes sociales y entrega de microcréditos, u otorgar subsidios a los asalariados estatales.

En diálogo con NA, la presidenta de la asociación civil Bases Republicanas e integrante del Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio Jimena de la Torre, celebró que el fiscal haya tomado en cuenta la denuncia formulada por la oposición puntana. 

Argumentos sólidos

"Ahora está en manos del juez federal resolver, pero para poder desdecir lo que plantea el fiscal va a tener que dar argumentos sólidos", advirtió.

Subrayó que hay que tener en cuenta el precedente de una cautelar dictada por la Justicia electoral nacional, a través de María Servini de Cubría, por la cual se ordenó que "el Ministerio de Cultura se abstenga de pagar el plan Cultura Joven porque entendió que eran medidas electoralistas".

"Si querían hacerlo, se tenían que realizar después del 14 de noviembre", insistió De la Torre, que aclaró que no se está pidiendo al Estado provincial que no brinde asistencia social sino que "espere 24 días" hasta finalizada la elección para no distorsionar el resultado electoral.

"Tuvieron un año y medio para prestar asistencia y en ese año y medio no lo hicieron. Muchos intendentes había pedido adelantos y no los había otorgado el gobernador", apuntó.

De la Torre recordó que en las elecciones de medio término de 2017 desde el oficialismo puntano "estaban repartiendo cheques del Estado".

"La primera cuota de los subsidios la quieren pagar entre el 10 y el 15, o sea justamente el día de las elecciones. Entonces está claro que eso no se puede permitir", acotó.

Y aclaró que "nadie dice que no entreguen subsidios o asistan a la gente, pero guarden las formas".