La fiscal federal Paloma Ochoa pidió hoy la indagatoria del ex ministro de Justicia Germán Garavano y del arrepentido de la Causa Ciccone Alejandro Vandenbroele por supuesto incumplimiento de las condiciones para la permanencia de este último en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

El pedido, que incluye al ex director de ese programa, Francisco Lagos, fue presentado ante el juez Julián Ercolini, quien subroga el juzgado federal 11, que ocupó en vida Claudio Bonadio.

Ochoa sostuvo que Vandenbroele percibió fondos para su mantenimiento y gastos personales durante dos años y tres meses, cuando según la ley el plazo máximo para ese tipo de erogaciones es de seis meses.

Durante ese lapso, Vandenbroele recibió 4.478.559 pesos, con los que –entre otras cosas- financió un emprendimiento hotelero en la provincia de Mendoza.

 “Bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa,  pese a las causales de expulsión por manifiesto incumplimiento de las disposiciones previstas y destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”, sostiene el dictamen.

“Todo ello –añade- en perjuicio de las arcas del Estado”.

Vandenbroele permaneció en el programa desde el 13 de noviembre de 2017, cuando manifestó su intención de declarar como arrepentido en la Causa Ciccone, hasta el 28 de febrero de 2020”.

Si bien la ley dice que “en ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis meses”, poco antes de dejar la presidencia Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extendió ese plazo hasta un máximo de 36 meses, en caso de cumplirse condiciones excepcionales de necesidad de protección al imputado colaborador.

El dictamen describe otros incumplimientos de Vandenbroele que, según la fiscal, debieron haber motivado su expulsión del programa.

“El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo precedente debidamente comprobado será causal suficiente para disponer judicialmente su exclusión”, estipula la ley.