Fiscal pidió elevar a juicio oral la causa por los destrozos al Congreso cuando se trataba el acuerdo con el FMI
Carlos Rívolo consideró que diez imputados por los daños al Palacio Legislativo deben responder por los delitos de "daño y resistencia a la autoridad".
Los diez procesados por arrojar piedras y causar destrozos en el Congreso, especialmente en el despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuando se discutía el acuerdo con el FMI, quedaron en el umbral del juicio oral y público por los presuntos delitos de “daño agravado y “resistencia a funcionarios públicos”.
El fiscal Carlos Rívolo formuló la requisitoria de elevación a juicio que envió a la jueza María Eugenia Capuchetti, en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos en marzo pasado en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Los procesados para quienes el fiscal pidió el juicio oral son Jonatan García, José Castillo, Leonardo Cáceres, Gonzalo Fonteina, Julio Valdés, Walter Núñez, Exequiel Paz, Oscar Santillán, Julián Lazarte y Sebastián Franco, identificados todos por filmaciones y cámaras de seguridad en el marco de la pesquisa.
“Las conductas traídas a estudio trascienden las actividades legítimas de protesta y ameritan su reproche en sede penal”, subrayó el fiscal Rívolo en su dictamen.
Si bien el despacho que sufrió los mayores daños fue el que ocupa la titular del Senado, Cristina Kirchner, el fiscal advirtió sobre la base de un informe de la Policía Federal que otras oficinas también resultaron con roturas de consideración.
La vicepresidenta había denunciado que un grupo de manifestantes “marcó” primero su despacho con globos cargados con pintura y luego otros agresores arrojaron proyectiles a las ventanas previamente identificadas.
LEÉ: Cristina Kirchner y otro video sobre el ataque a su despacho: "Alguien lo mandó a ejecutar"
El dictamen coincide en que “un grupo de personas, algunas con sus rostros cubiertos, se desprendió de otras que estaban manifestándose y empezó a arrojar -a mano o con ‘gomeras’- piedras, cascotes y bombas de pintura al Parlamento y al personal policial”.
Los daños al Congreso fueron valuados en más de seis millones de pesos.
El próximo paso de la causa será la “vista” (pedido de pronunciamiento) a las defensas de los imputados y, superada esa etapa, la causa quedará en condiciones de pasar a un tribunal oral federal que deberá ser designado por sorteo.