El fiscal federal Ramiro González pidió el sobreseimiento de tres ex funcionarios de alto rango de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray denunciados por la ex diputada Elisa Carrió por la concesión de planes y facilidades de pago entre 2010 y 2015.

Se trata de Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI);  José Bianchi, ex subdirector general de Recaudación, y Guillermo Mitchel, ex subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de AFIP.

Los tres, al igual que Echegaray, habían sido denunciados porque, según Carrió, desde “las altas esferas de la AFIP se habría instaurado informalmente un sistema de concesión masivo de planes de facilidades de pago ‘individuales’ sin ningún tipo de control, por medio del cual se benefició económica y financieramente a algunos contribuyentes”.

La causa es un desprendimiento del juicio conocido como Oil Combustibles, en el que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa terminaron absueltos y Echegaray, condenado.

La denuncia de Carrió abarcaba a otros 1.232 contribuyentes a los que les reprochó “defraudación a la administración pública y ser partícipes de la administración infiel de los funcionario públicos implicados”.

Entre esos 1.232 beneficiarios había unos 450 fruticultores, de la Federación Agraria Argentina y afectados por la erupción del volcán Puyehue.

“Sin adentrarnos en un análisis penalmente relevante respecto a la concesión por parte del Administrador a estas empresas, la facultad de dar o no planes de pago era discrecional del titular de la AFIP y la forma en que ello se implementaba también, no habiéndose regulado al respecto previo a su gestión ni durante la misma”, sostuvo el fiscal González.

En ese contexto, entendió que Toninelli, Bianchi y Mitchel eran “funcionarios de segundo rango” y que ninguno de ellos tiene esa posición de garantía dentro del tipo penal que los pudiera colocar como autores de las acciones que se les imputaran”.

“No cabe responsabilidad directa de los nombrados en la concesión de los planes en cuestión ya que la decisión final siempre estaba en manos del Administrador, por lo tanto su aporte a favor o en contra de los mismos no podía tener una injerencia (penalmente relevante) en las decisiones que él tomara”, insistió el fiscal.

El dictamen no se pronuncia sobre la situación de Echegaray.