El fiscal Diego Luciani pidió que varios de los arrepentidos de la Causa Cuadernos  declaren personalmente como testigos en el juicio conocido como “Obra Pública”, que tiene sentado en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.

El pedido del fiscal puso en jaque a toda la estructura de la Ley del Arrepentido, por cuanto los empresarios cuya declaración pidió reconocieron la comisión de delitos en el marco de la Causa Cuadernos a cambio de obtener un trato beneficioso durante la instrucción de la causa y a la hora de las eventuales condenas.

Pero si declararan en otro expediente, como testigos y con la obligación de decir la verdad, podrían resultar imputados en un expediente diferente a Cuadernos, es decir podrían sumar una nueva imputación judicial en relación con otros hechos.

Obra pública

Para el fiscal Luciani, las declaraciones de los empresarios Ernesto Clarens, Aldo Roggio, Juan Chediak, Enrique Menotti Pescarmona y Francisco Valenti son centrales para esclarecer los hechos en la Causa Obra Pública.

La lista podría extenderse a otros empresarios que se acogieron al régimen de “imputado colaborador”.

Chediak, representado por el abogado Pablo Lanusse –quien también asiste al ex presidente Mauricio Macri en causas penales- rechazó declarar ante el tribunal oral que lleva adelante el juicio por el riesgo de violar la prohibición de autoincriminación.

En el juicio también está citado  como testigo el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, representado por el abogado Zenón Ceballos, quien también figura como arrepentido en la Causa Cuadernos.

La decisión final sobre si los empresarios arrepentidos deberán declarar personalmente o se podrán incorporar por lectura sus declaraciones en la Causa Cuadernos le corresponde al Tribunal Oral Federal número dos.

Sea cual fuere su decisión, es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal.