Ana María Figueroa, la jueza a la que la Corte Suprema cesanteó porque llegó a los 75 años y no tenía aún el acuerdo del Senado para una reválida de cinco años, pidió al Consejo de la Magistratura que la reponga en el cargo.

Lo hizo después de que el Senado aprobara su pliego con posterioridad a la decisión de la Corte e invocando antecedentes y razones de derecho que, según entiende, la habilitan para continuar siendo jueza de la Cámara de Casación por los próximos cinco años.

La presentación, dirigida a la Comisión de Selección del Consejo, abre formalmente la vía administrativa y judicial sobre la situación de Figueroa, quien –por un lado- fue cesada por la Corte Suprema pero –por el otro- cumplió con todo el procedimiento constitucional para continuar ejerciendo su cargo.

“Se culminó el trámite constitucionalmente previsto y obtuve un nuevo nombramiento para mantenerme en mi función jurisdiccional”, argumentó Figueroa.

Además del regreso a su antiguo cargo, Figueroa reclamó que “se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de setiembre de 2023″.

Figueroa está en condiciones de presentarse ante el presidente de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, para que le tome nuevo juramento para reasumir el cargo.

Antes de esa instancia, que se insinúa conflictiva,  la jueza prefirió reclamar el aval del Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de todas las cuestiones administrativas vinculadas con el Poder Judicial.

Figueroa cuestionó la cesantía dispuesta por la Corte Suprema, a la que le atribuyó “un manifiesto acto discriminatorio” para el que –argumentó- no tenía facultades.