El Presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde en la Casa Rosada con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, a horas de que se conociera el fallo de la Corte Suprema declaró "inconstitucional" la reforma del Consejo de la Magistratura.

Así lo revelaron a NA altas fuentes del Gobierno, que detallaron que se trató de "una reunión de trabajo" que tuvo entre los temas de conversación el fallo del máximo tribunal que se conoció este mediodía.

Fuentes con acceso directo al despacho presidencial aclararon que Alberto Fernández y Martín Soria también charlaron sobre "muchos temas pendientes" que le competen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese marco, precisaron que el jefe de Estado y el ministro dialogaron sobre "el mejor diseño" de la Corte Suprema de Justicia, un tema que el Presidente planteó este miércoles durante una actividad del Consejo Económico y Social en el Teatro Cervantes.

Además, puntualizaron que se abordó un proyecto de ley que busca impulsar el Ejecutivo nacional para establecer una "indemnización" a víctimas y familiares de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a días de cumplirse 20 años de la represión que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país.

En tanto, el fallo de la Corte refiere a una reforma del Consejo de la Magistratura impulsada en 2006 por la entonces senadora nacional Cristina Kirchner, retrotrayendo la situación a los tiempos en que estaba integrada por 20 miembros (actualmente son 13) y encabezado por el presidente de la Corte Suprema.

La decisión del máximo tribunal avala todo lo realizado por el Consejo desde su reforma, pero establece que deberá volverse al "equilibrio" previsto en la ley de creación, inspirada en el Acuerdo de Olivos entre los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem para la reforma constitucional de 1994.

El Consejo tendrá un plazo de 120 días para readecuar su funcionamiento y designar a los siete representantes que, según lo que determina el fallo de la Corte, hoy le faltan.

En ese lapso, se deberá completar la formación de 20 integrantes y, en caso de no hacerlo, el Consejo no podrá continuar funcionando pues todas sus decisiones serán consideradas nulas.

La Corte consideró que la reforma de 2006 alteró el equilibrio en la representación de los distintos sectores que integran el Consejo, entre los que se incluyen senadores y diputados, abogados, jueces y académicos.

Además, los jueces le pidieron al Congreso que dicte una ley que establezca a futuro cuál será la formación y el funcionamiento del Consejo, respetando esa pauta de equilibrio que consideró alterada con la reforma vigente hasta hoy.

El planteo de inconstitucionalidad había sido impulsado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que representa al ala más conservadora del ámbito jurídico porteño.