La Cámara Federal de Casación Penal puso a las puertas de la libertad a un ex funcionario del gobierno de Cambiemos preso en Córdoba por irregularidades en la concesión de permiso de portación y tenencia de armas en la delegación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en esa provincia.

Se trata de Carlos Alberto Dini, quien se desempeñó hasta fines de 2019 en la ANMaC y cesó en el cargo con el fin de la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación.

Dini fue detenido a fines de julio del año pasado bajo cargos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y falsificación de sellos, timbres y marcas”.

Según la resolución, Dini está imputado por “la expedición de credenciales de legitimo usuario de armas de fuego a un total de 34 personas, cuando no se cumplía con los requisitos necesarios exigidos por la legislación vigente”.

Los camaristas Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar anularon el rechazo a la excarcelación pedida por el ex funcionario desde setiembre del año pasado, en tanto que el tercer juez del tribunal, Carlos Mahiques, se inclinó por confirmar su prisión preventiva, haciendo hincapié en la “doctrina Irurzun”.

Mahiques señaló que Dini fue funcionario “hasta el 27 de octubre de 2019. Con ese motivo, el tribunal precisó que las relaciones desarrolladas en el ejercicio de sus funciones permiten concluir que todavía conserva contactos y una posición de relativa capacidad para entorpecer la investigación”.

Ese fue el criterio sustentado por el camarista federal porteño Martín Irurzun para ordenar la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido en octubre de 2017.

Pero Yacobucci y Slokar destacaron que la fiscalía no se opuso a la excarcelación y, en consecuencia, ordenaron que se emita un nuevo fallo, con indicación tácita de conceder la libertad durante el proceso.

Dini, además, según constancias de la causa, se contagió de Covid-19 en setiembre del año pasado, pero transitó la enfermedad como asintomático.

La prisión preventiva había sido dispuesta por el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro y confirmada por la Cámara Federal de esa provincia.

Según la acusación, Dini concedió de manera irregular entre 2017 y 2018 certificados de legítimo usuario y de tenencia de armas de fuego a personas que no cumplían con los requisitos para ello, percibiendo dinero a cambio por esos trámites.