Nada sorprende en Chaco. En la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña, a 170 kilómetros de la capital chaqueña, se levanta el imponente estadio de la UNCAUS. Se trata de soñaba con gobernar la segunda ciudad más populosa de la provincia. 

Los fondos “bajaban” sin control desde la gobernación de Jorge Capitanich. Una dirigente del radicalismo, Marilyn Canata, denunciaba al “De Vido” Chaqueño por desvío de fondos públicos y lavado de activos. Es que Judis manejaba y controlaba la obra pública de la provincia como Julio de Vido lo hacía en la Nación. 

Judis fue condenado a siete años y medio de prisión efectiva por los delitos que sospechaba Canata y, al igual que Lázaro Báez o los Kirchner, terminó involucrando a su propio hijo quien también terminó con una condena en su contra. Judis no pasó un solo día en prisión pues falleció días después de la noticia, en diciembre del 2022.

Se comprobó que Judis había realizado negociaciones incompatibles con la función pública reiterado, al menos, en 17 casos, abuso de

Pero sus herederos en la Universidad, desde el rector Germán Oestmann y otros 17 funcionarios fueron procesados, en las últimas semanas, por la justicia local por los mismos delitos que condenaron a Judis. Nada cambió. Según el consejero superior de UNCAUS, Santiago Delgado, hace años “que nadie podía acceder a los balances y controlar en qué se gastaba la plata”. 

Por eso no sorprende que Oestmann autorizase la compra de una avioneta por 100 millones de pesos para “fines educativos”. Tampoco que la pileta olímpica por la que se invirtieron millones de pesos quedase abandonada o que la fachada del estadio UNCAUS muestre signos de deterioro.

Delgado fue escrachado por las autoridades cuando pidió explicaciones sobre los gastos y no quiso formar parte de la marcha universitaria contra el gobierno de Javier Milei: “No podíamos marchar acompañando a las autoridades que impulsaban la protesta y que están siendo investigados por la justicia”. UNCAUS es el símbolo de la corrupción y del descontrol de los gastos en las universidades públicas que no quieren ser auditadas.

Los procesados nombraron a gran parte de sus familiares en la Universidad

El juez federal Aldo Alurralde está convencido que existió una asociación ilícita cuyo objeto era el desvío de fondos enviados por el Estado nacional a la Universidad a través de contrataciones cruzadas con fundaciones y empresas gestionadas por familiares y allegados. Todo ocurría dentro de la Universidad, pero funcionaban como instituciones privadas, cobrando por servicios que debían ser gratuitos. O sea, en nombre de la gratuidad universitaria, las carreras se tarifaban. Insólito.

Para justificar gastos se inventaban facturas truchas por servicios inexistentes. El juez impuso un embargo de 100 millones de pesos para todos los involucrados.  

El monumento a la corrupción chaqueña espera justicia. Al ideólogo de los negocios no se lo vio más por Presidencia Roque Sáenz Peña. Es que Capitanich se mudó a Capital Federal pues comenzó a colaborar con un banco público. En la política argentina, nadie se retira.