Dos ex jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos plantearon la “incompetencia” del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak  para continuar con la investigación sobre la supuesta “mesa judicial bonaerense”.

El ex jefe de Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano, quien había recusado sin éxito –por ahora- al magistrado platense, planteó una “excepción de falta de acción por incompetencia”, argumentando que los hechos que se investigan ocurrieron en la Capital Federal.

En ese mismo sentido, la defensa de Darío Biorci, el ex jefe de Gabinete de la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani, también planteó que la causa pase a los tribunales federales de Comodoro Py. Biorci formuló el pedido a través de su abogado Juan Pablo Vigliero, el mismo que defiende a Majdalani en el expediente por presunto espionaje ilegal que ya tramita en los tribunales federales de Retiro.

La discusión sobre la competencia parece ser el escenario que se aproxima en la causa. En las imágenes completas de la reunión que está siendo investigada se observa que antes de comenzar, uno de los asistentes recibe un llamado telefónico y le dice a su interlocutor (desconocido) que debe posponer una reunión para el día siguiente, y explica: “estoy en Capital”.

Si bien efectivamente está comprobado que los hechos ocurrieron en la Capital Federal, una interpretación legal sostiene que las oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires marcan jurisdicción en La Plata. Fuentes judiciales explicaron que “el edificio del Banco Provincia no es de Capital Federal” e incluso subrayaron que “toda la capital federal es territorio cedido por la provincia de Buenos Aires”.

“El banco es territorio, competencia y jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Por eso no pagan ningún impuesto en CABA. Hay decenas de fallos de la Corte Suprema al respecto, cuando se le quiso cobrar al Banco impuestos en Capital Federal”, añadieron las fuentes.

La jurisprudencia que justifica esa postura es variada y muy antigua, desde el Pacto de San José de Flores, pasando por la Constitución de 1860 y la “Ley Cafiero”, sancionada como consecuencia de la reforma constitucional de 1994 y la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cuestión de competencia, en casos como estos, suele ser definida por la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene su sede en Comodoro Py 2002.